El gobierno hace campaña apoyándose en el odio que tiene la población sobre un Poder Judicial que goza de grandes privilegios y está alejado de las necesidades populares. Pero el objetivo del gobierno -desde que no logró ganar la batalla del 7N (Ley de Medios)-, lejos está de “democratizar la justicia”. Es tener cada vez más jueces afines que avalen sus políticas. Esa es la pura verdad. El “modelo” judicial kirchnerista ya ha designado a más de la mitad de los jueces nacionales. Y va por más.
Cuando el Argentinazo reclamó cambios en la “Justicia”, el kirchnerismo aprovechó para lavarle la cara a la Corte Suprema. Pero ya esa Corte, supuestamente “independiente”, no le sirve más. Capitanich, el ultrakirchnerista gobernador del Chaco y uno de los miembros de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que preside Sabatella, reconoció textualmente los motivos: “La Corte no ha sido independiente, está en deuda con la sociedad en la aplicación efectiva de la ley de medios” (Clarín, 5/3).
Para terminar con esta justicia para los de arriba hay que cambiarla de raíz. Que los jueces fallan casi siempre a favor de grandes empresarios, multinacionales, ricos y corruptos, es una cosa de todos los días. Un gran escritor latinoamericano dijo alguna vez: “La justicia es como la serpiente: solo muerde a los descalzos”. Por eso el 90% de los presos son pobres y la gran mayoría sin condena.
En primer lugar, habría que echar a todos los jueces que vienen de la dictadura, cosa que el gobierno no propone. Segundo, hay que terminar con el actual sistema de designación de los magistrados. El Consejo de la Magistratura los propone y luego son designados por el Presidente de la Nación en acuerdo con el Senado. Organismo de 13 miembros donde la mayoría la tienen los partidos tradicionales.
A los jueces los tiene que elegir el pueblo mediante el voto popular. No como en Bolivia, donde recientemente se hizo una elección parcial para las cúpulas de algunos tribunales (no de todos los jueces), cuyos precandidatos solo fueron puestos por el gobierno. Hay que terminar con que a los jueces los ponga a dedo el kirchnerismo, o los pacte con la UCR. Tercero, hay que poner fin a sus cargos vitalicios. Estamos por la revocabilidad de sus mandatos ante indicios de parcialidad o corrupción. Cuarto: tienen que cobrar sueldos al valor de la canasta familiar. ¿Por qué tienen que ganar varias veces más que un médico que salva vidas o un docente que educa a nuestros hijos?
Quinto: hay que implementar juicios por jurados populares. Ni siquiera se aplica lo que dice la Constitución Nacional, que los políticos patronales dicen defender. Su artículo 118 prevé juicios por jurados para los casos penales. Muchas veces se ven en las películas norteamericanas a trabajadores, negros o amas de casas pronunciándose sobre si un criminal es culpable o no. Eso no se aplica en nuestro país. Sería mucho más democrático que el proceso judicial actual, el cual debería aplicarse también para otros fueros. Si se le diera la posibilidad a un jurado popular elegido con representantes del pueblo para juzgar a los Schiavi, Jaime, Cirigliano en la masacre de Once… ¿usted cree, amigo lector, que estos delincuentes aún estarían libres?
Estas propuestas -que irían en el sentido de una verdadera “democratización de la justicia”-, tienen que inscribirse en un cambio de fondo de las leyes del país para que dejen de proteger a los poderosos y contemplen realmente los derechos básicos de millones de trabajadores y demás sectores populares.
