Por primera vez en la historia, un vicepresidente en ejercicio es citado a declarar en una causa en la que está directamente involucrado. Tal fue lo que sucedió con Amado Boudou a requisitoria del juez Lijo la semana pasada. Lo de Boudou en el caso Ciccone es un escándalo total, avalado por todo el aparato kirchnerista, desde Cristina para abajo.

Es que se trata del propio corazón del “modelo kirchnerista”. Recordemos que Amado Boudou llegó primero al ministerio de Economía después de su gestión en el Anses, dirigido entonces por el hoy “peronista opositor” Sergio Massa. Era un “joven brillante” de la Ucedé -el viejo partido de Alvaro Alsogaray- introducido al peronismo en pleno menemismo de la mano de Luis Barrionuevo. Luego siguió “especializándose”, realizando una maestría en el CEMA (la institución más ultraliberal que existe en el país), en el momento que su fundador, Roque Fernández, era ministro de Economía de Menem.

Con todos esos “laureles” arribó al kirchnerismo primero y desde ahí al ministerio de Economía después, donde empezó a crecer su patrimonio en forma desmesurada. El “muchacho” liberal, que organizaba recitales en la costa, con un padre cobrando una jubilación mínima, pasó a ser un millonario, aumentando en un 300% su patrimonio desde 2009, con departamento en el exclusivo Madero Center -donde paga un alquiler de 3.000 dólares mensuales- y tiene participación en la propiedad de muchísimas empresas (en la mayoría de ellas poniendo de “pantalla” a su propio padre).

Así se fue gestando lo que hoy se llama “el caso Ciccone”. Junto con su amigo José María Nuñez Carmona, presentado como su “mano derecha”, y Alejandro Vanderbroele, acusado de ser su testaferro, primero adquirieron el 70% de la imprenta en quiebra Ciccone, luego la “limpiaron” de sus deudas impositivas, para finalmente “estatizarla” y otorgarle la concesión de la impresión de billetes, hasta entonces patrimonio de la Casa de la Moneda. En el medio quedaron coimas, “financiamientos”, tráfico de influencias y maniobras de todo tipo.

El caso Ciccone, por el que hoy está en la picota, no es el único. También hay serias presunciones de los negociados de Boudou con varios fondos de inversión europeos, a los que benefició dándole información privilegiada previa al canje de deuda 2010.

Este fue el personaje que eligió Cristina para completar la fórmula presidencial y llevarlo como vicepresidente en 2011. Es más: de no haber “saltado” todas estas denuncias, Amado Boudou era uno de los “delfines”, llamado a ser candidato a presidente kirchnerista para el 2015.

El “caso Boudou” es sólo la punta del iceberg de la corrupción estructural que acompaña al modelo kirchnerista. Donde “todos juegan”: los empresarios que reciben concesiones de obra pública -con Lázaro Báez, presunto testaferro de la propia familia presidencial, a la cabeza-, los propietarios de empresas de transporte -como los Cirigliano o Roggio- que cobran subsidios y no son controlados sobre las inversiones que deberían realizar y la calidad de los servicios que prestan (y que terminan en casos como la masacre de Once); las petroleras que saquean nuestros recursos naturales y reciben como “premio” más concesiones y privilegios. Los bancos con sus superganancias y sus intermediaciones para garantizar que cobren, a su vez, los titulares de nuestra ilegítima deuda externa. Y, en medio de todo eso, los funcionarios del gobierno de todos los niveles, que se van quedando con “los vueltos”, “las coimas” o directamente la propiedad de las empresas involucradas. Con un manto de impunidad total, amparados en que esto viene sucediendo desde hace décadas. Un ejemplo es lo que sucedió la semana pasada, donde los funcionarios involucrados en el canje de deuda de 2001, con Cavallo a la cabeza, terminaron sobreseídos porque la causa “prescribió”.

Boudou, el engendro ucedeísta devenido peronista y luego “progresista nacional y popular”, es la expresión más cruda de que nada pueden esperar los trabajadores de estos políticos patronales. Sólo la izquierda, dando nacimiento a otro modelo, radicalmente opuesto y al servicio de las necesidades populares, podrá cortar de raíz la hidra de mil cabezas de la corrupción.

Propuestas contra la corrupción

No se trata sólo de Boudou. Es todo un “modelo de corrupción”: el kirchnerismo ha construido un entramado donde políticos y empresarios se enriquecen a costa del hambre del pueblo. ¿Se puede parar esto? Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda proponemos las siguientes medidas:

1• Todo funcionario que pase a la categoría de procesado por corrupción debería ser inmediatamente separado de su cargo y esperar su juicio en prisión. Boudou ya tendría que estar preso. Cualquier pobre acusado de “robar una gallina” está en la cárcel bajo presunción de “peligro de fuga” o “portación de cara”. En cambio, Boudou sigue en libertad, hace todas las “chicanas” jurídicas para “alargar” el juicio y quedar en la impunidad.

2• Hay que invertir la carga de la prueba. Tendrían que ser los propios funcionarios acusados los que deberían explicar cómo han hecho para multiplicar su riqueza supuestamente viviendo de sueldos públicos, por más altos que estos fueran. Se los tiene que presumir culpables y ser ellos quienes demuestren su inocencia. Los juicios por corrupción tendrían que ser imprescriptibles.

3• Hay que embargar todos sus bienes y obligarlos a que devuelvan todo lo que se robaron. Es un escándalo que un personaje como Boudou que ha multiplicado varias veces su patrimonio siga disfrutando impunemente de los bienes que obtuvo gracias a sus actividades corruptas. Ese dinero tiene que volver al pueblo.

4• Hay que terminar con los “fueros especiales”, que hacen que un presidente, vice, gobernador, diputado o senador no pueda ser condenado o tenga privilegios para declarar. Hoy, si Boudou fuera hipotéticamente condenado, no iría preso ni recibiría ningún castigo porque podría “acogerse” a sus fueros como vicepresidente.

5• Todo funcionario público tiene que ganar lo mismo que un trabajador especializado. Propuesta que Izquierda Socialista ha hecho y practicado con Liliana Olivero, Angélica Lagunas y los diputados nacionales electos por el FIT.

J.C.