Las cooperativas mineras se multiplicaron por la crisis y los despidos de 30.000 mineros estatales en la década del 80. Aunque al principio fueron de supervivencia, hoy se han diferenciado en centenares de pequeñas cooperativas auténticas que subsisten, y un grupo de grandes empresas que utilizan el paraguas legal de “cooperativas” para no pagar impuestos. Emplean a 80.000 trabajadores “jornaleros” sin ningún derecho, tienen la mayor parte de las ganancias y encabezan la Fencomin (Federación de Cooperativas). Son parte del gobierno, tienen diputados y tuvieron ministros. Aunque Fencomin en teoría representa a todos, está manejada por los grandes empresarios. En un contexto social de miseria campesina, donde no hay trabajos regulares, los obreros que trabajan de jornaleros en las cooperativas, sin derechos, no tienen otra opción.

La torta se achica

La minería boliviana no está nacionalizada. Su producto corresponde en un 7% a empresas estatales (con 5.000 mineros), 63% a transnacionales y 30% a empresas cooperativas. El conflicto se da en el marco de una caída internacional del precio de los minerales, y por lo tanto del achicamiento del margen de ganancia de las “cooperativas” y la minería en general.

Los empresarios cooperativistas salieron a bloquear las carreteras, utilizando dinamita como es usual, y llevando a sus “jornaleros”. Exigen del gobierno que no se puedan formar sindicatos obreros en las minas explotadas por “cooperativas”, algo que el gobierno acepta. También demandan subsidios, que les permitan alquilar áreas que no pagan impuestos a multinacionales, que les den electricidad casi gratis y que no haya control ambiental. Esto eliminaría el rol del gobierno como “socio” intermediario de las empresas multinacionales. Por eso es la disputa: el gobierno masista quiere el monopolio de esta intermediación con las multinacionales.

Los bloqueos de rutas fueron respondidos con una violenta represión policial con balas. La respuesta de los bloqueadores fue secuestrar al viceministro Rodolfo Illanez, que comandaba la policía, a quien mataron después del último ataque policial que causó el cuarto trabajador muerto.

Lo ocurrido es una consecuencia de la crisis causada por la caída de los precios de los minerales, la falta de industrialización y trabajo, y el giro del gobierno para defender su alianza con las multinacionales. En estos días el enfrentamiento fue con estos empresarios “cooperativistas” y las víctimas trabajadores. Hace dos meses fueron despedidos 800 obreros de una fábrica estatal textil que cerró el gobierno ocasionando un conflicto con todos los obreros fabriles del país, que también fueron reprimidos.

El gobierno del MAS cada día pierde popularidad. La antigua derecha tampoco se recupera de su desprestigio. Cada vez es más necesaria una alternativa política de los trabajadores y el pueblo que retome la lucha por la Agenda de Octubre de 2003, nacionalización de las minas, la expulsión de multinacionales y la industrialización del país.