El acuerdo se selló el pasado jueves 24 de noviembre en una reunión en el Congreso Nacional. Se firmó entre representantes del PRO, la UCR (Mario Negri), el Frente para la Victoria (Abal Medina), diputados del Peronismo para la Victoria y del Partido Socialista de Santa Fe, por un lado y Esteban Castro -de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular-(CTEP); el dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez y el de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, por otro.

El acuerdo tuvo el apoyo de la Iglesia Católica, la Federación Agraria, la CGT, las dos CTA, la Confederación General Económica (CGE) y todos los bloques de senadores. El mismo se plasmará en un proyecto de ley que se tratará en Diputados el próximo 6 de diciembre.

Los puntos del acuerdo

Los referentes de los movimientos sociales publicaron una solicitada donde señalan que las cooperativas (Programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Trabajo Autogestionado) percibirán $4.000 a partir de diciembre; un adicional complementario de 2.030 pesos para las fiestas; 250 pesos a partir del segundo hijo para quienes cobran la asignación; la extensión de la emergencia social a diciembre de 2019, y la creación de un consejo y un registro nacional de la economía popular (Página12, 27/11). A su vez, según reveló el periodista Horacio Verbitsky en este mismo diario del lunes 28, en dicha solicitada no se consignó que los dirigentes se han comprometido a que no harán más reclamos en todo lo que dure el gobierno de Macri, es decir, que firmaron una cláusula de paz social.

“Va a haber un diciembre tranquilo, las fiestas están cubiertas”, dijo Pérsico del Movimiento Evita (Página12, 25/12). La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley (elogiada por el Papa Francisco), destacó que “sin duda será un fin de año en paz”; reconoció que el acuerdo solo prevé “ingresos mínimos” y aspira, con ello, a que diciembre sea un “mes de fiestas”, aprovechando para decir “vamos en la senda correcta de la economía” (La Nación, 27/11). Todo en el marco del acuerdo entre el gobierno y la CGT, la iglesia y los distintos partidos patronales para evitar un paro general o medidas de lucha en el próximo período.

Medidas de fondo para la emergencia

Para implementar el acuerdo el gobierno destinará 25.000 millones de pesos hasta 2019 (es decir, 8.500 millones por año). Pero ese monto es 35 veces menor que los casi 900 mil millones de pesos que dispuso Macri para pagarle a los fondos buitre -10.000 millones de dólares-; la quita de impuestos a las mega mineras, retenciones al campo y subsidios a las petroleras -otros 30.000 millones de dólares-; el pago de 10.000 millones de dólares por intereses de la deuda previstos para el año que viene y los 19.000 millones de pesos que se les perdonó a las privatizadas de la electricidad. ¡Ahí está la plata para atender las graves urgencias populares!

Los dirigentes de los movimientos sociales llegaron a este acuerdo que quiere ser refrendado por una ley en el parlamento. Ante esto decimos que en una emergencia social hay que hacer lo opuesto a lo que hace el gobierno.

En primer lugar, todo trabajador de las cooperativas debe percibir el valor de la canasta familiar; el pase a planta permanente; que no sean precarizados ni usados como mano de obra barata por gobernadores e intendentes, con obra social y aportes patronales. En segundo lugar, se necesita disponer de todos los fondos disponibles para atacar los verdaderos problemas sociales, suspendiendo los pagos de la deuda; reponer los impuestos a los de arriba que Macri sacó; implementar un plan de viviendas, hospitales, escuelas, obras de cloacas, red de gas natural y pavimentos para dar trabajo genuino, entre otras medidas de fondo. Para eso hace falta un plan de lucha nacional de la CGT junto a las CTA contra el ajuste y la pobreza de Macri y de los gobernadores, algo que el triunvirato archivó.

Nueva farsa “antidespidos”

En el segundo encuentro denominado “Diálogo para la producción y el trabajo” llevado a cabo por ministros del gobierno el pasado miércoles 23 y empresarios de la UIA, la Sociedad Rural, cámaras de Comercio y de la Construcción y dirigentes de la CGT, surgió un acuerdo verbal para evitar despidos de personal hasta el mes de marzo del próximo año. El acuerdo, que no acarrea ninguna obligación para los patrones, ni siquiera hace mención de las suspensiones, descritas en términos favorables por el ministro del trabajo Jorge Triaca, quien las considera un mecanismo para evitar despidos.

En mayo de este año, doscientos empresarios firmaron un acuerdo similar, pero desde entonces los despidos siguieron avanzando. Izquierda Socialista junto al frente de Izquierda propone que los despidos y suspensiones se prohíban por ley y se reduzca la jornada laboral sin rebaja del salario, para distribuir las horas de trabajo entre toda la mano de obra disponible en el mercado laboral, medidas que terminarían con la desocupación dando trabajo a quienes lo necesiten.