La inseguridad y el narcotráfico son temas gravísimos que afectan diariamente al pueblo trabajador, y bajo ningún punto de vista pueden tratarse demagógicamente y mucho menos aprovecharse de ellos para dar curso a la discriminación y persecución de los extranjeros. No existe ningún dato estadístico que avale las afirmaciones que se hacen sobre las comunidades peruana, paraguaya o colombiana en nuestro país. La mayoría de los emigrantes de esos países (así como los que provienen de Bolivia u otros estados latinoamericanos, o las más pequeñas comunidades de Africa u otros continentes) son trabajadores que huyendo de la extrema miseria de sus lugares de origen trabajan de sol a sol para mantener a sus familias. En muchos casos soportan la precarización laboral y la superexplotación, como sucede con los miles de trabajadores bolivianos en los talleres textiles clandestinos, o los trabajadores paraguayos en la construcción, uno de los sectores más sometidos al trabajo en negro.

Patricia Bullrich, Pichetto y Massa insisten en que sólo se trata de evitar la entrada o deportar a los delincuentes. Como siempre, ninguna de estas medidas serán tomadas contra los que manejan los carteles de la droga o el negocio de la trata y la prostitución. Ni que hablar de los empresarios extranjeros partícipes de las coimas, la corrupción, la evasión impositiva o la fuga de divisas. Se usará, como siempre, para estigmatizar y perseguir al inmigrante pobre.

En la historia argentina ya hubo una nefasta “ley de Residencia”, redactada en 1902 por Miguel Cané que, al igual que lo que se discute hoy, “en teoría” apuntaba a evitar la entrada al país o a expulsar delincuentes, pero terminó siendo usada para echar “a los indeseables” (así se los llamaba) que resultaron ser los anarquistas y socialistas extranjeros que daban entonces las primeras luchas por la organización de la clase obrera. No permitamos que se repita.