El gobierno lo presenta como un programa para “generar más trabajo en blanco”. Habla de la posibilidad de incorporar hasta 80.000 trabajadores en un año.

Comencemos diciendo que la realidad es inmensamente más compleja que la que puede abarcar un programa de estas características. En nuestro país hay 4,5 millones de trabajadores en negro, se trata de un tercio del total de la masa laboral. A esto sumémosle la existencia de 1,5 millones de desocupados reconocidos estadísticamente, a los que podríamos agregarle otros tantos escondidos bajo la categoría de subocupados y un número indeterminable pero creciente de “trabajadores desalentados”, que ya ni figuran en la población económicamente activa. Es de perogrullo que ningún programa podrá resolver esta tragedia ya estructural que recorre el mundo del trabajo de nuestro país si el corazón de la política económica promueve recesión, ajuste y prioridad a la especulación financiera (bajo el comando del verdadero y único “superministro de Economía”, el actual presidente del Banco Central Federico Sturzenegger).

Pero, aún así, cabe la pregunta de si servirá siquiera como paliativo. Nuestra respuesta es tajantemente negativa. Será un programa de un alcance muy limitado, que sólo tendrá algún impacto en la industria de la construcción y en el empleo rural.

Analicémoslo. El gobierno afirma que las empresas sólo podrán acceder al beneficio si amplían su plantilla laboral, tomando como base diciembre de 2016, con el fin de evitar la trampa de que despidan trabajadores y los reemplacen por estos beneficiarios de los planes, objetivamente “más baratos”. Pero, como lo sabemos muy bien, hecha la ley, hecha la trampa. Y en especial en nuestro “negrísimo” mercado de trabajo. Se está hablando de empleos de un salario total de 12.000 pesos, de los cuáles aproximadamente 4.000 corresponderán al plan que actualmente percibe el trabajador beneficiario. Las patronales deberán abonar los 8.000 que restan y las cargas sociales sólo por esa diferencia. Es claro que, hablando de esos números y de las calificaciones laborales de la inmensa mayoría de los perceptores de planes sociales, pocas ramas económicas realmente podrán recibirlos: seguramente la construcción, el trabajo rural y el sector textil. Todos rubros dónde está ampliamente extendido el trabajo en negro y precario. Por lo que será sumamente fácil para las patronales despedir a sus actuales trabajadores (que por la propia definición de “trabajadores en negro” no figuran en ninguna nómina) y reemplazarlos por los nuevos, que ya vienen “con el plan”.

Se trata, en suma, de un programa que aporta al objetivo estratégico del macrismo: la reducción de los costos salariales y el incremento de la flexibilización. En síntesis, nada bueno de esto saldrá para la clase trabajadora.

José Castillo