El material del que se dispondría para consulta serían las cartas enviadas a la curia, Nunciatura y Vaticano y sus respuestas -de haberlas- a los familiares. Hace unos días la Conferencia Episcopal Argentina dio el primer paso. Pero lo dio en falso. Lanzó un protocolo llamado “Material archivístico relativo a los acontecimientos argentinos (1976-1983)”, un digesto oscurantista y burocrático de cómo “hacerse con el material”. En su título no hay mención alguna de la dictadura, la represión o los crímenes cometidos. Para la Iglesia el plan sistemático de exterminio ocurrido durante los años de plomo, con miles de torturados, muertos y desaparecidos para imponer, a sangre y fuego, una política económica al servicio de los empresarios y el imperialismo, no saldría del molde de los “acontecimientos argentinos”. El protocolo, además de ser una provocación ya desde su título, señala quienes podrán acceder a la información eclesiástica: “la víctima directamente o su representante con delegación explícita”, el familiar directo de un desaparecido o de una persona que haya fallecido, los obispos o superiores mayores de las víctimas. Para obtenerla deberán completar una solicitud dirigida al Secretario General de la Conferencia Episcopal quien determinará si la consulta es “pertinente”. La realidad es que la Iglesia no quiere colaborar con ningún archivo que aporte información relevante para esclarecer los crímenes de lesa humanidad, mucho menos que incrimine la complicidad de la institución con los militares. La Iglesia se ha lanzado, junto con los sectores más reaccionarios que se agruparon detrás de la fallida intentona de la Corte con su 2x1, a garantizar más impunidad para los genocidas escudada detrás del verso de la reconciliación.