Lula podrá apelar la sentencia en libertad, un proceso que puede tomar entre uno y dos años. Mientras no haya una sentencia firme, puede presentarse como candidato presidencial en las elecciones previstas para el año 2018. En marzo de 2014, como parte de la crisis política que siguió a las enormes movilizaciones juveniles del año anterior y las protestas contra el mundial de fútbol, arrancó una investigación por el hallazgo de un centro de lavado de dinero en una estación de servicio. Fue creciendo entre delaciones por parte de empresarios y políticos burgueses hasta abarcar a los principales dirigentes de todos los partidos burgueses y a algunos de los más importantes empresarios. Quedó en evidencia la existencia de un cartel de grandes constructoras que a cambio de los contratos de Petrobras financiaban las campañas de los partidos patronales como el PT de Lula y Dilma, el PMDB de Temer y el PSDB de Henrique Fernando Cardoso, entregando jugosos sobornos. El trasfondo de estos procesos judiciales, que han arrojado a la luz la profunda corrupción de la política capitalista brasileña, es la ruptura masiva de los trabajadores y la juventud con los aparatos políticos en los que se ha apoyado la burguesía para gobernar al gigante sudamericano las últimas décadas.