Entre otros puntos, se busca la extinción penal de todas las causas judiciales contra luchadores sociales judicializados y garantizar el derecho a la huelga, reclamos laborales, movilización y protesta. Y la libertad y el cese de la acción judicial para todos aquellos que estuvieran condenados por luchar.
El primer proyecto de este tipo data de 1999, promovido por las organizaciones de derechos humanos como el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y la izquierda. Giordano detalló en su intervención que la persecución y judicialización de la protesta social no es nueva ni empezó con la represión en PepsiCo o a los mapuches con Macri. El encarcelamiento del dirigente Rubén “Pollo” Sobrero, los petroleros de Las Heras o la creación de Proyecto X fueron algunos casos ocurridos durante el gobierno anterior, que llevaron a 5.000 los procesados por luchar durante los 12 años de kirchnerismo.
Izquierda Socialista acompaña con la firma del diputado Giordano esta iniciativa, junto con diversas organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas. Sin bajar nunca los brazos en la lucha y movilización, contra el ajuste de Macri y todas las políticas represivas y persecutorias sobre los sectores obreros y populares que enfrentan las políticas antipopulares de los gobiernos de turno.
Escribe Martín Fú