suspender los desalojos por el plazo de la emergencia y disponer la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
Según información proporcionada por el propio Estado, a la fecha hay 1.532 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena. De ese número han sido relevadas 759 comunidades, esto es, apenas el 49% del total. Asimismo, de ese parcial total (759), solo 459 comunidades cuentan “con resolución”, que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) identifica como relevamientos culminados, y en relación con los cuales “en los casos que corresponda, reconoce la ocupación actual, tradicional y pública”.
Los senadores que se negaron a votar la prórroga, dejando sin amparo jurídico a cientos de comunidades originarias que pasan a estar en riesgo de ser desalojadas de sus tierras, han demostrado largamente que sus intereses son cercanos a los de las grandes patronales como Benetton, Lewis, las multinacionales mineras, petroleras y los grandes sojeros; muy distantes, en cambio, a los de los pueblos originarios que deben enfrentar los desalojos, la criminalización, la represión y hasta la desaparición forzada, como hoy es el caso de Sergio Maldonado, desaparecido por participar solidariamente del justo reclamo de la comunidad mapuche en la provincia de Chubut.
No nos conformamos con la ley 26.160. Denunciamos que es claramente insuficiente. Sólo se ocupa de delimitar y demarcar, no permitiendo avanzar en el reconocimiento del título de propiedad al no señalar cómo es el tránsito desde el relevamiento hasta la obtención del mismo. Pero es la única herramienta provisoria con que cuentan las comunidades para enfrentar los desalojos.
Desde Izquierda Socialista exigimos que se prorrogue la ley 26.160 y apoyamos a los pueblos originarios en su reclamo por la efectiva propiedad de sus tierras ancestrales.

Escribe Claudio Funes