Las elecciones, que debían realizarse el año pasado, fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no por el organismo electoral. Al momento de la convocatoria, unos cincuenta partidos habían sido despojados de su tarjeta electoral, como el caso del Partido Socialismo y Libertad (PSL), y decenas de dirigentes políticos estaban inhabilitados, prófugos o encarcelados. La ANC incorporó al proceso electoral condiciones arbitrarias como la exigencia de “cartas de buena conducta” y se abstuvo de convocar a la elección de los parlamentos regionales. Además, la ANC se invistió a sí misma con el poder para cambiar las leyes y la Constitución en lo referido a las gobernaciones y para destituir a cualquier autoridad. Tal fue el carácter abiertamente fraudulento de la convocatoria a las elecciones.

En el camino se fueron sumando más maniobras tramposas por parte del gobierno. Hubo una campaña masiva de extorsión política planteando que los portadores del “carnet de la patria” (requisito para adquirir alimentos en las redes de distribución estatales) serían excluidos de este mecanismo si no votaban por el gobierno.

El ventajismo mediático fue total. Y es que el gobierno pese a alardear de un falso socialismo, ha profundizado la “democracia para ricos”, al no haber cuotas de difusión gratuita en los medios para todos los candidatos ni topes en el gasto de campaña. Pocos días antes de la elección, miles de votantes fueron reubicados a centros de votación remotos para obstaculizar su derecho al voto. El día de la elección, miles de agentes del PSUV tomaron los centros de votación con la complicidad de los militares, imponiendo el “voto asistido” a numerosos votantes en contra de su voluntad.
En otros casos hubo ataques a centros de votación por parte de los grupos de choque del gobierno, como ocurrió en Mérida. Tampoco se utilizó la tinta indeleble con la que tradicionalmente marcan un dedo a los votantes para impedir que voten más de una vez. También hay denuncias en el estado de Bolívar de inconsistencias en las actas.

Lo más grueso del fraude fue que al no haber fiscales opositores en muchos centros de votación -en Miranda, Carlos Ocaríz, candidato de la MUD, admitió que faltaban en el 30% de las mesas- las autoridades de mesa y militantes del PSUV agregaron al chavismo votos de personas que no fueron a votar y falsificaron sus firmas y huellas dactilares. O sea, en sitios donde la abstención fue de 60% o 70% se pudo sumar un 20% de votos al chavismo y quedó un 40% o 50% de abstención. Ese es el elememto más importante del fraude. Los resultados oficiales, construidos sobre la base de todos estos elementos fraudulentos, son opuestos a los que indicaron las encuestas a boca de urna, que adjudicaban a la oposición la mayoría de las gobernaciones. La población utilizó el mecanismo del voto castigo a través de la MUD para repudiar la miseria y el hambre resultantes del plan de ajuste de Maduro, así como la represión. Pero además los resultados oficiales son inconsistentes con las elecciones, también fraudulentas, de la ANC, en las que el gobierno dijo haber obtenido 8 millones de votos hace menos de tres meses. Pero el voto popular fue escamoteado.

Cuatro de los cinco gobernadores opositores electos se presentaron para ser juramentados ante la ANC, en un acto de genuflexión total. Este es el más reciente en una larga cadena de complicidades. En 2016 entregaron el derecho a realizar el referendo revocatorio, enfrascándose en un proceso de negociaciones que culminó con una declaración en la que se comprometían a apoyar al gobierno, “luchando” contra la llamada “guerra económica”. En 2017 se vieron obligados a llamar a algunas movilizaciones para no ser totalmente rebasados por la población que se rebeló contra el hambre y la represión, pero siempre con la intención de impedir que la rebelión triunfara, meramente utilizándola para ejercer presión sobre el gobierno para negociar. Sus llamados a una supuesta “hora cero” y a un “gobierno de transición” durante las protestas fueron rápidamente reemplazados por la aceptación de las elecciones regionales fraudulentas. Todo esto le ha valido a la MUD el justo desprecio de millones de trabajadores y jóvenes luchadores. Al respecto ha planteado el PSL en una reciente declaración que “(la de la MUD) no es la ‘unidad’ que nos interesa como pueblo. Esa es la unidad de los conciliadores, corruptos y patronales.

Necesitamos la unidad de los de abajo. De los trabajadores, de los habitantes de las comunidades y los jóvenes. […] La MUD no cuestiona el paquete de ajuste del gobierno de Maduro, ni el pago de la deuda, ni las empresas mixtas petroleras, ni los acuerdos con las transnacionales y los banqueros. […] Por eso en la lucha contra el gobierno del PSUV y por un cambio de fondo se necesita otra alternativa política de los trabajadores, el pueblo y de la juventud. El PSL lucha por esa alternativa llamando a unir a sectores del chavismo crítico y de izquierda, a la juventud y a todos los que se movilizaron durante las protestas recientes”.