En su declaración, destacó las innumerables denuncias por parte de los ferroviarios ante los organismos de control, la justicia penal y los medios de comunicación. Por lo que De Vido y otros altos funcionarios, no podían desconocer el riesgo que corrían los pasajeros al viajar en el Sarmiento. Ya en febrero de 2003 los ferroviarios denunciaban ante la CNRT la deplorable situación en la que habían quedado los bienes entregados a TBA por parte del Estado: falta de mantenimiento en instalaciones ferroviarias, vías y material rodante, disminución de la capacidad de tracción, falta de inversión, destrucción global y progresiva de los bienes del Estado. Un proceso de vaciamiento -con el acuerdo de los funcionarios del área y los hermanos Cirigliano que desviaron miles de millones de pesos en subsidios entregados por el Estado, en detrimento de la línea y sus pasajeros- que culminó con el Cromañón ferroviario del 22 de febrero de 2012.
“Fueron muchos años de lucha y tratando de que todo el mundo escuchara el reclamo. Por eso fuimos a los medios, para hacerlo público”, sostuvo Sobrero, que durante su declaración se encargó de remarcar en más de una oportunidad que lo que ocurrió en Once fue “una masacre” porque las tragedias son inevitables y ese choque pudo haberse evitado.
Al concluir la declaración, Sobrero le dijo a los medios que, tras la tragedia de Once “cambiaron los trenes pero siguen los serios problemas” y enumeró: “Hay problemas de señalización, en las formaciones de trenes no tenemos instalado el sistema de freno automático y no hay la cantidad de personal que hace falta en las barreras”.