Escribe Mariana Morena
Las nuevas revelaciones sobre el financiamiento irregular de las campañas electorales de Cambiemos no hacen más que confirmar lo que venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda: Cambiemos no tiene nada que ver con la transparencia ni “la nueva política”. Se trata de un gobierno ajustador y corrupto que suma otro repudiable hecho a su lista.
El escándalo estalló hace un mes, cuando una investigación periodística reveló que unos 200 bonaerenses beneficiarios de planes sociales figuraban como aportantes de la campaña electoral de 2017 sin poner un peso. Algunos hasta aparecían como afiliados a PRO sin su consentimiento. La lista ahora alcanza a más de 7.000 personas como supuestos donantes de 67 millones de pesos para Macri en 2015, y 42 millones de pesos para los candidatos legislativos Graciela Ocaña a diputada y Esteban Bullrich a senador en 2017. Entre los donantes hay incluso dirigentes y funcionarios de PRO, como el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo y el ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido, que niegan haber aportado fondos.
La gobernadora Vidal terminó echando a la flamante contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, nombrada hace solo una semana, porque fue responsable financiera de la campaña de 2017. Fue una medida para tapar que, contrario a la promesa electoral de “transparencia” frente a millones que los votaron por estar hartos de la corrupción del kirchnerismo, los políticos de Cambiemos formaron una verdadera asociación ilícita que falsificó miles de fichas de afiliaciones y firmas con un objetivo preciso: dosificar, por medio de sumas menores, parte de las fortunas que aportaron grandes empresarios a la campañas de Cambiemos, lo cual está prohibido por ley.
Somos terminantes: la corrupción no fue sólo de la contadora de la campaña. Con la complicidad de Macri y Carrió en semejante entramado de corrupción estuvieron involucrados la gobernadora Vidal como presidenta de PRO, de donde salieron las fichas de afiliación que trucharon; los candidatos “abanderados de la anticorrupción” Ocaña y Bullrich, y el jefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai (esposo de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación), por el uso de bases de datos del Estado para detectar el nivel socioeconómico de los donantes, lo que definía el monto de los aportes.
La corrupción no se trata de hechos aislados ni de un par de funcionarios deshonestos, sino de una mecánica por la que los grandes empresarios, las multinacionales y los bancos financian a todos los partidos patronales y sus campañas electorales para que, una vez en el gobierno, les garanticen el ajuste y los grandes negocios. Basta el ejemplo de las obras faraónicas como el soterramiento del Sarmiento o las hidroeléctricas santacruceñas, que fueron otorgadas en su momento por el kirchnerismo y continúan bajo el gobierno de Cambiemos; o que una droguería vinculada a la efedrina aportó 200 millones de pesos en cheques a la campaña del FpV en 2007.
Macri ahora, con el verso de “bancarizar” los aportes a las campañas, está encubriendo que pretende legalizar los aportes de las empresas y multinacionales a los candidatos patronales, algo a lo que siempre nos oponemos desde la izquierda.
Afirmamos que este gravísimo hecho no puede quedar en la impunidad. Hay que exigir que los responsables vayan presos por corruptos (no solo con la posibilidad de ser “inhabilitados” para elegir o ser elegidos como dice la ley electoral). Y seguimos insistiendo a los compañeros y compañeras trabajadores que la salida para terminar con la corrupción es seguir construyendo y fortaleciendo el Frente de Izquierda como alternativa política para luchar por las necesidades urgentes del pueblo hasta alcanzar un gobierno de los trabajadores que enfrente los intereses de los grandes capitalistas.
Odebrecht aportó a la campaña de Cambiemos
El año pasado, durante una sesión informativa en el Congreso, el jefe de Gabinete Marcos Peña fue confrontado por Juan Carlos “Gringo” Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista/FIT. Giordano fue el único legislador que le preguntó si era verdad que la multinacional Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Macri en 2015. Peña explicó que no le puso plata a la campaña, pero que sí aportó fondos para el partido PRO, “de manera transparente, institucional, sin nada para ocultar”, tratando de este modo de justificar el tributo.
Odebrecht es una megaconstructora brasileña que reconoció haber pagado coimas por 788 millones de dólares en más de un centenar de proyectos de doce países de Latinoamérica y África; en particular, en la Argentina, entre 2007 y 2014 desembolsó 35 millones de dólares destinados a funcionarios del gobierno por contratos de obra pública, que después compensaría mediante suculentos sobreprecios. A Peña no le hizo ruido que su partido fuera financiado por una multinacional imperialista, saqueadora y corrupta porque, en definitiva, Cambiemos gobierna efectivamente para asegurarle sus negocios y megaganancias.
M.M.
