2020 arrancó en Rosario y Santa Fe Capital con una nueva oleada de homicidios. Antes con Lifschitz (Partido Socialista-Frente Progresista) y ahora con el peronista Perotti, la provincia sigue sumida en la violencia, abrumada por robos y homicidios y cruzada por las guerras entre bandas narcos. Los gobiernos, el anterior y el actual, son los principales responsables y cómplices ante este auténtico desastre social.

Escribe Mariano Farre

El 10 de diciembre pasado asumió Omar Perotti, tras doce años de gestión del Partido Socialista-Frente Progresista. Perotti había centrado su campaña electoral en la necesidad de imponer “paz y orden”, afirmando que él “sí iba a manejar a la policía”. Estos planteos habían generado expectativas en sectores de la población, abrumadas por los robos, los homicidios y las guerras entre bandas de narcos. Sólo durante 2019, en Rosario y Santa Fe Capital, según un informe oficial, hubo 17,6 homicidios cada 100 mil habitantes, contra cinco casos en el resto de Argentina. En lo que va de 2020, ya tenemos más de 60 homicidios en la provincia, con 10 femicidios incluidos, nuevamente cifra record.

La “solución” de Perotti fue designar como ministro de seguridad a Marcelo Saín, un supuesto “especialista” en temas de seguridad. Saín planteó “purgar” la policía de Santa Fe y solucionar el problema destituyendo a varios jefes policiales. Pero rápidamente se desató una nueva oleada de homicidios, que terminó con la caída del nuevo jefe policial de Rosario. El jefe provincial decidió habilitar que los policías tengan “una bala en la recamara”, una medida que solo sirve para facilitar el gatillo fácil. El gobierno nacional de Alberto Fernández, por su parte, desplegó miles de gendarmes en la provincia, que por supuesto no frenaron los homicidios ni los robos y lo único que generó fue el incremento del acoso y persecución a la juventud. El “broche de oro” de todo esto fueron las ridículas declaraciones de Saín acerca de que la ola de homicidios: “Es algo bastante estacional en esta época”. Un verdadero insulto a quienes sufren a diarios la violencia en sus barrios.

¿Por qué pasan los gobiernos y el problema sigue?

La explicación de fondo es la situación de pobreza extrema, desempleo y abandono en que se encuentran zonas enteras de Rosario y Santa Fe Capital. Con barrios abandonados, sin obras públicas, transporte ni servicios esenciales. Con despidos permanentes en el cordón industrial. En los jóvenes precarizados, desempleados y por fuera del sistema educativo está el caldo de cultivo de los “soldaditos” que terminan reclutando las bandas de narcos. Décadas de ajustes “nacionales” y “provinciales” fueron dejando así la provincia.

A esto tenemos que sumarle la complicidad de la justicia, que le otorga plenos poderes a la policía en los barrios, con innumerables casos de gatillo fácil y abusos. Por citar sólo dos ejemplos de alta repercusión, recordemos a la docente María de los Ángeles Paris, muerta en una comisaría, donde tras la autopsia se verifica violencia y se descubre un audio donde la policía informa que se le había dado una golpiza en el estómago. O, días pasados, el caso del joven Carlos Orellano, brutalmente golpeado por policías y patovicas y arrojado muerto al río Paraná.

La suma de la pobreza extrema en aumento, la violencia policial y la complicidad de los gobiernos fue lo que permitió el arraigo del narcotráfico en la ciudad de Rosario. A ellos se le suman los puertos privatizados, en manos de los negocios de los monopolios agroexportadores, una vía ideal para el negocio narco. El propio Saín no puede dejar de reconocer que: “En estos barrios, donde la cocaína es la economía de sustitución porque existe una desocupación estructural, mucha gente vive de la droga y de la enorme rentabilidad que genera, que luego se invierte en la economía legal”. Lo que no dice el ministro es que la ilegalidad de las drogas es lo que genera esa “enorme rentabilidad”, que soborna a policías, jueces y políticos patronales, además de armar bandas de sicarios para disputarse este negocio “ilegal”, pero que está a la vista de todos, incluida la policía que frecuenta los búnkeres para buscar su tajada.

Nuestra posición es muy clara: hasta que no se legalicen todas las drogas, lo que permitiría regular este negocio y tratar las adicciones como un problema de salud pública, no veremos el fin de la violencia narco. Esto vale, más que en ningún otro sitio, para Rosario y Santa Fe.

Pero, a la vez, no habrá solución para la violencia social, si no se atacan las causas más estructurales: el hambre, la miseria, los bajos salarios y el desempleo. El nuevo gobierno peronista de Perotti arrancó al revés: atrasó el pago de los docentes, no respetó su paritaria 2019, les ofreció un miserable 3% y retrasó el pago de la cláusula gatillo. Toda una muestra que su política es profundizar el ajuste. Enfrentando a estos gobiernos, correas de transmisión del ajuste nacional al servicio de pagar la deuda externa, peleando en las calles y denunciando todos y cada uno de los abusos y complicidades, planteamos la necesidad de otra alternativa política, la de las y los trabajadores y la izquierda, para resolver las más acuciantes necesidades populares.