Siempre, los gobiernos justifican los aumentos de combustibles por el aumento del precio del petróleo a nivel mundial. Sin embargo, cuando el precio del crudo baja, como acontece en estos momentos, los combustibles no acompañan esa oscilación. Conclusión: las petroleras siempre ganan y los consumidores nunca se benefician. Hay que cambiar esta lógica.
Escribe Adolfo Santos
Sin dudas, en política petrolera existe una continuidad entre los gobiernos de Kirchner, Macri y ahora de Alberto Fernández. Todos ellos se han subordinado a los intereses de las multinacionales del petróleo. Inclusive los que presentaron el proyecto: “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, de expropiación de YPF, y acabaron pagando a Repsol más de lo que valía la empresa.
Gobierno tras gobierno, la historia se repite. Siempre ganan las petroleras. Ahora que el precio mundial del petróleo está por el piso, en vez de bajar los combustibles y así reducir los costos de fletes para dar un alivio al bolsillo del pueblo trabajador, el debate en el gobierno es con cuanto subsidiar a las petroleras “para que no pierdan”. Como dijo Darío Martínez, diputado del Frente de Todos por Neuquén: “hay que buscar urgente un precio (por encima del costo mundial) para el ´barril criollo´”. O sea la preocupación no es bajar los precios de los combustibles para favorecer a los más vulnerables, sino subsidiar a las multinacionales y a YPF para mantener sus ganancias. Claro que eso lo pagarán los consumidores cuando lleguen al surtidor.
Con Vaca Muerta, el megayacimiento de gas y petróleo, algunos querían hacernos creer que se resolverían todos los problemas. Según especialistas, tiene reservas de gas por 200 años y de petróleo para varias décadas. Las patronales y los gobiernos se relamían con esa riqueza enterrada a miles de metros de profundidad. Pero una vez más, esa riqueza, no estaría al servicio del pueblo trabajador. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se impulsó un acuerdo con la multinacional Chevron en condiciones de entrega total. El convenio firmado tiene cláusulas secretas, sobre todo en lo concerniente a la repatriación de capitales sin condiciones y a la responsabilidad del gobierno de garantizar las ganancias en caso de caída de los precios, superando los precios internacionales.
El gobierno de Macri le dio continuidad a ese proceso. Firmó una nueva “adenda Petrolera” que consistió en un acuerdo con el sindicato dirigido por el burócrata Guillermo Pereyra del Movimiento Popular Neuquino (MPN) por entonces senador nacional, con el respaldo del gobierno provincial y las multinacionales en el que se impuso la más brutal flexibilización laboral. Se perdieron numerosas conquistas obreras a cambio de, supuestamente, garantizar puestos de trabajo. La producción pegó un salto, principalmente en gas, pero a un alto costo humano, ya que ocho obreros perdieron la vida desde esa fecha hasta ahora por los ritmos y condiciones de trabajo. Una vez más, ganaban las petroleras y perdían los trabajadores.
En 2017, cuando el precio internacional del gas era de 3,80 dólares por millón de BTU, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, decidió entregar subsidios a las empresas que hicieran inversiones con el sistema de fracking, la explotación no convencional de gas y petróleo, con graves impactos ambientales. Esa resolución, estableció el precio del gas en 7,50 dólares por millón de BTU para luego caer a 7 en 2019, 6,50 en 2020 y 6 dólares en 2021. Un subsidio extraordinario para garantizar las ganancias de las grandes empresas petroleras y gasíferas. A pesar de esos subsidios, 1.800 de los 20.000 obreros petroleros, fueron enviados a sus casas con reducción salarial.
El gobierno de Alberto Fernández no actúa diferente. De entrada, mientras le sacaba 100.000 millones de pesos a los jubilados, rebajaba del 12 al 8% las retenciones a la actividad petrolera y prometía una serie de beneficios a las multinacionales. Era una clara señal para que inviertan sabiendo que tendrían sus lucros asegurados. Sin embargo, el coronavirus le puede complicar las cosas al gobierno. La pandemia ha generado una caída mundial del precio del petróleo y Vaca Muerta se hace inviable si no es con fuertes subsidios del estado.
Esta situación nos coloca ante una tarea importante: exigir la rebaja de los combustibles e impedir que el gobierno continúe subsidiando las transnacionales del sector (Chevron, Shell, Total, Pan American Energy, Tecnopetrol y otras) y destine ese dinero para la emergencia que estamos viviendo. Mientras tanto, desde Izquierda Socialista y el FIT, continuaremos luchando por retomar el control de las riquezas del subsuelo para colocarlas al servicio de la población trabajadora. Por una YPF 100% estatal dirigida por sus trabajadores y técnicos que tomen en sus manos toda la exploración, producción y comercialización del petróleo.
