La Argentina y el mundo están afectados por la pandemia del coronavirus. Todos los días se suman nuevos casos. Compartimos la preocupación de millones sobre cómo parar la extensión de la pandemia. En especial la de los más necesitados, que son el pueblo trabajador y los sectores populares. Encima, cuando al temor de contraer el virus se suma el miedo a perder el empleo, a la rebaja salarial y directamente a las y los que no pueden tener un sustento diario.

El presidente Alberto Fernández prorrogó la cuarentena hasta el 13 de abril. Compartimos que el aislamiento es una medida indispensable para que el virus no se propague masivamente. También el presidente y el gobierno adoptaron algunas medidas económicas en la emergencia. Sacó un decreto, por ejemplo, para suspender por 180 días los cortes de servicios esenciales como luz y agua por falta de pago. También congeló los alquileres por 180 días. A nivel salud, dio 5.000 pesos a los profesionales y trabajadores de ese sector por cuatro meses. Y otorgó un pago de 10.000 pesos a trabajadores informales y monotributistas. Ahora, ante la presión que generó los intentos de despidos de 1.450 trabajadores por parte de Techint, se vio obligado a prohibir por 60 días las suspensiones y despidos. 

Estas medidas han sido bien recibidas por la clase trabajadora y los sectores populares. Es lógico que sea así. Ya no alcanzaba la plata antes del coronavirus. Menos en esta grave emergencia.

Pero desde Izquierda Socialista queremos ser claros: estas medidas no alcanzan, son insuficientes ante la magnitud de la crisis del coronavirus.  Desde nuestro punto de vista faltan tomar otras de fondo ante la emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores y los sectores populares.

En primer lugar, el punto central es la emergencia sanitaria para frenar la pandemia y ver cómo se salvan miles de vidas. El presidente afirmó que lo “primero es la salud y no la economía”, pero no va hasta el final con sus medidas.

Por ejemplo, a pesar del esfuerzo de millones de trabajadores y sectores populares en cumplir la cuarentena, es vergonzoso que grandes patronales no lo hagan, obligando a trabajar a personal que no está afectado a los servicios esenciales o a prestar servicios sin medidas de higiene y seguridad. O que se especule con los aumentos de precios, alimentos y medicamentos. El presidente Fernández hizo referencia a estos “vivos” pero sin anunciar medidas en contra de esas patronales.

En el sector de la salud es donde se ve más claramente que las medidas no alcanzan. El gobierno ha otorgado 5.000 pesos a los profesionales y trabajadores de la salud por cuatro meses (20.000 pesos en total), otra medida claramente insuficiente. Los propios trabajadores de la salud denuncian todo tipo de faltantes (desde el básico alcohol en gel, pasando por respiradores, hasta directamente la necesidad de más personal o camas de terapia intensiva). En el país antes del coronavirus el servicio de salud pública estaba colapsado. Ahora el drama se acrecienta. Se necesita plata para camas, aparatología y un salario inicial para los trabajadores del sector igual al valor de la canasta familiar (63.000 pesos para una familia tipo). Allí hay que volcar los fondos de emergencia.

Se han dispuesto 10.000 pesos por única vez para quienes hacen changas y para algunos monotributistas, y 3.000 pesos para los que perciben la asignación universal por hijo y para los jubilados de la mínima. Es imposible que un grupo familiar pueda sobrevivir con eso. Todo mientras millones reclaman comida.

Varios gobernadores e intendentes ya abren el paraguas diciendo que no van a tener cómo pagar los sueldos y se comienza a hablar de la implementación de “cuasimonedas” (que traducido quiere decir pagar los sueldos con bonos). La burocracia sindical no tardó un segundo en, como siempre, alinearse con las patronales; el propio Héctor Daer de la CGT ha dicho que “vería bien que se reduzcan los salarios” (después tuvo que desdecirse ante el repudio que generó esta afirmación).

Para encarar la emergencia del coronavirus es necesario tomar una medida de fondo como la de crear un fondo económico para emergencia que surja de la inmediata suspensión de todos los pagos de la deuda externa y de la imposición de altos impuestos a los súper ricos del país y a las grandes empresas y bancos.

En medio de la pandemia no puede ser que el gobierno siga pagando una deuda usurera y continúe una renegociación que nos va a llevar a terminar pagándole a los bonistas-usureros y al FMI nada más ni nada menos que 150.000 millones de dólares, aunque sea alargando los vencimientos o con alguna “quita”. Imaginémonos todo lo que se podría invertir en la salud pública y en los hospitales con esa plata. O las enormes partidas que se podrían destinar a millones que la necesitan.

Sectores del gobierno hablan de la posibilidad de suspender los pagos. Por ejemplo, la diputada nacional Fernanda Vallejos, del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, consideró que hay que “suspender el pago de las deudas soberanas de las naciones y buscar una solución integral” (parlamentario.com 27/3/2020). Pero se trata del doble discurso. Se dice una cosa y se hace otra.

Remitiéndonos a lo inmediato, solo con lo que se pagó en estos meses de gobierno se le hubiera podido otorgar a todos aquellos sin ingresos por la crisis, incluidos los desocupados, 30.000 pesos a cada uno (¡tres veces más de lo que se les va a dar!). Y es directamente vergonzoso que esta misma semana se destinen 250 millones de dólares en efectivo para pagar un nuevo vencimiento de deuda a los buitres acreedores.

No basta con que el gobierno denuncie a algunos empresarios. Hay que obligar a las patronales a que paguen el 100% de los salarios, ¡llevan años ganando millonadas, no es excusa un mes sin ventas para despedir o rebajar salarios! La plata está en los bancos, las multinacionales (Cargill, Fiat, Chevron, Ford, Siemens y otras), las privatizadas y otras grandes empresas. Hay cincuenta millonarios argentinos (entre ellos Rocca, Pescarmona, Pagani, Eurnekian, Grobocopatel, Bulgheroni, Roemmers, Blaquier) que tienen una fortuna personal siete veces superior a lo que destinó el gobierno para combatir a la pandemia. A ellos hay que imponerles un fuerte impuesto extraordinario para crear un fondo de emergencia para combatir la crisis del coronavirus y que el pueblo trabajador no siga siendo víctima de todo esto.

Hay más medidas que faltan: controlar de verdad los precios máximos, castigando a “los vivos” (que, nuevamente, son las grandes empresas) que los violan, aumentado y acaparando, cayendo sobre ellos con todo el peso de la Ley de Abastecimiento, suspender los pagos de luz, gas y demás servicios a costa de las superganancias de las privatizadas y no de “nuevos subsidios”. Todas medidas que, nuevamente, requieren que sean las grandes patronales las que tengan que financiar la crisis.

Hay que reclamar todo esto. Exigiéndolo con aplausos desde las casas, reclamando en los lugares de trabajo, haciendo asambleas allí donde sea posible, usando las redes sociales, debatiendo con compañeros de trabajo, estudio, vecinos o familiares. Porque con las actuales medidas no alcanza. Exijamos las que faltan. Se trata, en suma, de que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.