Escribe José Castillo

Increíblemente, el presidente Macri había dicho apenas un par de días previos que “la inflación estaba bajando”: lo desmintieron los propios datos oficiales. Al 2,9% de enero, le siguió el 3,8% de febrero. La suba de precios del corriente mes de marzo también será altísima, por lo que terminaremos el primer trimestre con valores cercanos a 10%. Estos se sumarán al 47,6% que acumuló la inflación de 2018. Con lo dicho, a nadie le asombra que la plata cada día le alcance menos al trabajador o al jubilado.

¿Porqué suben los precios? El gobierno, increíblemente, sigue con la misma respuesta: “es por la emisión monetaria”. Mentira: hace casi seis meses que han hecho desaparecer el dinero de las calles, ya que, con el objetivo de “que no se les dispare el dólar”, se dedicaron a “secar la plaza”. Traducido para el trabajador corriente: no hay un centavo por ningún lado. Esto se debe a que se incentiva a los bancos a tomar todos los pesos posibles y “encanutarlos” poniéndolos en leliqs (letras del Banco Central), que les garantizan superganancias por arriba del 60% anual.

Pero la inflación no baja. ¡Obviamente: porque los precios suben por otro motivo!

La inflación sube porque el propio gobierno autorizó aumentos siderales de las tarifas de luz, agua, gas, transportes y peajes. Porque, como liberalizó el mercado de combustibles, la suba de las naftas y el gasoil son descomunales. Esta es la mitad de la explicación: para garantizarle sus ganancias a las empresas privatizadas, saquean nuestros bolsillos.

Pero vamos a la otra mitad: también están subiendo los alimentos y todos los productos de primera necesidad (tocador, limpieza, la canasta escolar). Acá tampoco se trata de nada misterioso. Las grandes empresas monopólicas de cada sector envían quincenalmente listas de precios con remarcaciones increíbles y luego las cadenas de hipermercados le agregan “lo suyo”. Se trata, como el lector podrá imaginarse, de un brutal abuso por parte de estos formadores de precios que, a su vez, el gobierno los deja correr. ¿Porqué? El lector lo podrá adivinar por sí mismo: el encargado de controlar todo esto es Miguel Braun, actual secretario de Política Económica (de hecho, el “número dos” del ministerio detrás de Dujovne). Su familia es dueña de La Anónima, una de las mayores cadenas de hipermercados del país, con presencia dominante en toda la Patagonia. ¡El lobo cuidando las ovejas!

Sumémosle a todo esto que la recesión está teniendo otro efecto terrible: la ola de despidos y suspensiones. Prácticamente todas las automotrices están con suspensiones de turnos o en algunos casos de todo su personal. Diariamente nos enteramos de empresas que cierran o despiden. Incluso, para ahorrarse costos, lo hacen grandes firmas que “aprovechan la bolada” para sacarse gente de encima, tal es el caso de Fate, que formando parte del grupo Madanes, con las superganancias que obtiene vía el aluminio de Aluar no tiene excusas para aducir pérdidas.

El gobierno se justifica diciendo que el único plan posible, es el acordado con el Fondo Monetario. Los trabajadores tenemos que oponerle otra política para la emergencia. Primero y principal: necesitamos un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para recuperar todo lo que ya nos comió la inflación. ¡Nadie debe ganar menos que el costo de la canasta familiar, hoy en 30.000 pesos! Y de ahí en adelante, debe haber reajustes salariales mensuales acordes al alza inflacionaria.

Tenemos, efectivamente, que parar la carestía. Hay que fijar inmediatamente precios máximos a los productos de la canasta familiar. Y obligar a las empresas y a los supermercados a respetarlos, bajo severas sanciones: que todo aquel que viole esta disposición acaparando o escondiendo los productos sea fuertemente sancionado, con multas, clausuras o expropiaciones.

Hay que parar los tarifazos, y retrotraerlos. Tenemos que terminar con este juego donde las privatizadas, mientras por un lado saquean nuestros recursos como el gas o el petróleo, por el otro, brindan pésimos servicios y a cambio reciben cuantiosos subsidios y cada día hacen más caja con tarifas impagables. La salida es reestatizar todas las privatizadas y ponerlas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores de usuarios.

Es fundamental parar ya mismo la ola de suspensiones y despidos, prohibiéndolos por ley y expropiando a toda empresa que viole esta disposición o cierre su establecimiento, procediendo a expropiarlo y entregándoselo para su gestión a sus trabajadores.

Por supuesto, todas estas medidas sólo serán posibles si empezamos por lo más básico: romper el acuerdo con el FMI, dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior, para terminar con la fuga de capitales, y poner todos esos recursos al servicio de las más básicas necesidades populares de trabajo, salud, educación y vivienda.