Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT
El comienzo del juicio se celebró con una gran alegría. “Con lucha logramos el inicio del juicio. Es un día histórico. Ahora queremos justicia”, se escuchó decir entre los presentes. El valiente testimonio de Carmen Metrovich (ver recuadro) fue ovacionado. En sus palabras finales vociferó: “No vamos a parar hasta lograr justicia. ¡Ana María presente!”. Fueron años de lucha de la Comisión de Familiares y Amigos de Ana María. La Sala del Tribunal Nº 2 de San Martín se llenó de luchadores. Hay que redoblar el apoyo para que los militares y policías asesinos que la secuestraron y asesinaron vayan a cárcel común.
Se inició el juicio. Es el primero que tiene de imputados a militares genocidas de Campo de Mayo por una víctima en particular, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), nuestro partido antecesor. Todos los juicios son importantes, pero éste tenía esa connotación especial para aquellos que reivindicamos a nuestros caídos en lucha contra la dictadura y la Triple A de los años 70.
En la sala estaban presentes los miembros de la Comisión Ana María Martínez, la cual integra Izquierda Socialista junto con otras organizaciones, luchadores, dirigentes de izquierda y familiares en lucha por los derechos humanos. También fueron alumnos de un colegio de Tigre.
Los jueces tomaron nota de una sala colmada con decenas de luchadores que acompañaron a los testigos de la querella y a los abogados encabezados por Pablo Llonto y los de la Comisión para la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros.
¡Ana María presente!
Ana María fue militante del glorioso PST. Fue secuestrada el 4 de febrero de 1982, hace 36 años, cuando tenía 31 años de edad y estaba embarazada de dos meses y medio. La esperaba un grupo de tareas en su domicilio de Villa de Mayo, en un Falcon verde. Apareció su cuerpo el 11 de febrero acribillado y enterrado en cercanías de Dique Luján.
Ana María era una obrera fabril de la autopartista DEA (Smata), de Vicente López. El día 5 de febrero, el inmediato posterior a su secuestro, iba a cobrar la primera quincena como trabajadora metalúrgica.
Ana María había huido de Mar del Plata, cuando ya era militante del PST, donde su casa fue allanada y ya habían hecho desaparecer a varios militantes de nuestro partido. Se radicó en zona norte de la provincia de Buenos Aires destacándose por apoyar las luchas, en especial la de los bancarios con la antiburocrática agrupación Lista 3 Verde.
En el secuestro y asesinato de Ana María hubo una participación directa de la División de Inteligencia Bonaerense (Dippba). Ana María fue fotografiada en una marcha de bancarios y un servicio de inteligencia se infiltró en sus actividades.
El Falcon verde en el que se la llevaron, hacía días que estacionaba cerca de su domicilio. Una testigo le dijo a Carmen que fue el propio Luis Patti quien participó del operativo y la introdujo en el auto. También estuvo la policía de la zona, todo con la complicidad de los mandos militares de Campo de Mayo.
Hechos aberrantes
Concurrieron a la audiencia los dos genocidas acusados. Uno es el ex general de brigada Jorge Norberto Apa, ex jefe del Destacamento 201 de Inteligencia. El otro es el ex teniente coronel Raúl Guillermo Pascual Muñoz, exjefe de Departamento de Personal G1. Ambos prestaban “servicios” en el Estado Mayor del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo.
Apa y Muñoz se negaron a declarar. Pero se leyeron sus descargos en otras instancias judiciales, donde no solo negaron el hecho, sino que alegaron canallescamente que el crimen de Ana María fue pasional, un delito común, un “problema de parejas”.
También se tuvo que escuchar a un médico policial que hizo el reconocimiento del cuerpo de Ana María, diciendo que no recordaba el hecho, aunque firmó un escrito con una declaración suya en 1982, donde afirmó que el cuerpo que examinó -luego confirmado que era el de Ana María- podía tratarse de “una prostituta”, porque se le encontró dinero entre sus ropas.
Todas estas barbaridades tuvieron que soportar y escuchar nuevamente los familiares, a décadas del hecho y tantos años de lucha contra la impunidad por parte de todos los gobiernos. Más cuando estos militares retirados no solo siguen cobrando sus sueldos, sino que por otros hechos aberrantes ya fueron condenados pero gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
¡Sigamos por castigo a los culpables!
Quedan varias audiencias. Valiosos testigos -algunos residen en otras provincias y otro va a venir desde Barcelona- van a seguir aportando pruebas para demostrar que Ana María fue asesinada como parte de un plan sistemático genocida al servicio de imponer un plan económico para el FMI y el imperialismo.
Desde la conformación en 2011, la comisión ha impulsado movilizaciones, actos, conferencias, aportando pruebas y testimonios, audiencias públicas en el Congreso, llevando la solidaridad a las luchas obreras, acompañando los reclamos de familiares y amigos de las víctimas de la dictadura militar. Ese es el camino por el que hay que seguir apostando para lograr justicia. La lucha de Ana María y del PST no fue en vano. Seguiremos por su camino, luchando por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Ana María, presente, ¡ahora y siempre!
Carmen Metrovich: “Era una supermilitante”
“Era muy activa, una supermilitante. Eso motivó que los genocidas la mataran. Fue parte de la terrible persecución que le hicieron al PST”. Estas fueron algunas de las emotivas palabras de Carmen Metrovich, la primer testigo en declarar.
Carmen es cuñada de Ana María Martínez y hermana de José Metrovich, su compañero y también militante del PST. Carmen es la referente de la Comisión de Familiares y Amigos que se conformó en Zona Norte. En su brillante testimonio, fruto de la investigación que vino haciendo personalmente y como parte de la Comisión, brindó detalles impactantes a pesar de que los hechos ocurrieron hace más de tres décadas.
Carmen relató cómo era la vida de Ana María, su militancia cotidiana, y los sufrimientos diarios fruto de la represión y persecución.
Un fiscal salvado por PRO, Massa ¡y el kirchnerismo!
De las pruebas recolectadas surge un nombre que hasta ahora viene gozando de una burda impunidad. Es el del fiscal general actual de Mar del Plata, Fernández Garello.
Este personaje fue subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y está sindicado como responsable del asesinato de nuestra compañera y el secuestro y torturas de tres militantes comunistas.
Garello interrogaba y formaba parte del grupo de espías de la bonaerense que efectuaba tareas de inteligencia sobre la militancia y el sindicalismo de zona norte.
En los años ´90, Garello fue procesado por fraude al IOMA Mar del Plata y supo acomodarse en los estratos judiciales de la mano de Duhalde. El actual fiscal también es parte del aparato judicial que protege el accionar policial, sus negocios y el narcotráfico.
A Garello se le pidió el juicio político. Pero en un escandaloso pacto de impunidad entre Cambiemos, el massismo y el kirchnerismo, se archivó el pedido de destitución.
La Legislatura bonaerense fue el escenario donde, luego de nueves meses de constituido el tribunal para enjuiciarlo -y con un pedido de informes presentado por nuestra diputada Mónica Schlotthauer, que nunca se contestó- en tiempo récord los legisladores de Macri y Vidal y el Frente Renovador de Massa acordaron con el tribunal no hacer lugar al juicio político. El kirchnerismo, integrante del jury, no se hizo presente en la sesión. ¡Repudiable!