Editorial

El próximo domingo 26 vence la nueva prórroga de la cuarentena. Se pasó de la cuarentena total a la denominada “administrada”. El gobierno evita usar la palabra “flexibilización” pero la hay de hecho, como lo muestra la mayor cantidad de trabajadores que está circulando. Se ha permitido la apertura de varias actividades por presión de las patronales. A los grandes empresarios les interesa reactivar sus ganancias, no la salud de la población. Esto se combina con la desesperación de grandes sectores populares empujados a romper el aislamiento para ganarse el pan ante una asistencia social que no alcanza o llega en cuentagotas. Por ejemplo, a quienes hacen changas y monotributistas de las categorías más bajas se les dio 10.000 pesos de pobreza que recién ahora están cobrando, quedando millones afuera a pesar de estar inscriptos y necesitarlo desesperadamente. Como proponemos desde el Frente de Izquierda, a esos sectores se les debería dar un ingreso en la cuarentena de 30.000 pesos y no solo por única vez, sino sostenerlo mientras dure la emergencia. Por eso decimos que si el gobierno habla de que no hay que tirar por la borda lo ya conquistado, tiene que tomar medidas de fondo en la cuarentena poniendo toda la plata que haga falta en la salud y en los sectores obreros y populares, pequeños comerciantes y talleres para combatir de verdad el coronavirus y permitir que millones puedan cumplirla sin apremios.

Alberto Fernández acaba de implementar el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para auxiliar a las patronales y pagar gran parte del salario de los trabajadores. Esta medida cae bien en amplios sectores de trabajadores que ven una asistencia estatal para no perder tanto con los recortes de sueldos pactados entre las patronales y la burocracia sindical. Sin embargo, esto está lejos de resolver el problema de fondo de la clase trabajadora. No solo porque va a ser aprovechada hasta por una multinacional que va a alegar una “crisis” para recibir el pago de parte de los salarios financiado por el pueblo trabajador, sino porque estas mismas patronales no están obligadas a que a cambio no rebajen los actuales salarios, ni tampoco acuerden despidos o suspensiones. Es lo que vienen haciendo de la mano de la traidora dirigencia sindical y con el aval del ministerio de Trabajo, que homologa los acuerdos. Por eso la medida fue saludada por las cámaras empresariales y cuenta con el inestimable apoyo de la burocracia sindical, que en vez de defender el salario y los puestos de trabajo viene pactando lo contrario mientras deja en banda las peleas en curso, como la de los trabajadores de Penta o la de los de la salud por insumos y una mayor protección.

Lo que estalló desde hace días con los contagios y algunos fallecidos entre los profesionales y trabajadores de la salud es que la Argentina está en la cima mundial de infectados en el sector, algo sumamente preocupante que debería llevar a que el gobierno tome las medidas necesarias para proteger a todo el personal y dotar a los hospitales de los insumos y faltantes para hacer frente a la pandemia. Los muertos y contagiados en los nosocomios demuestran que no es cierto que “los hospitales están preparados”, como vino sosteniendo el gobierno. Casualmente, la asamblea y el corte de calle que hicieron los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín, como tantas otras expresiones de protesta y reclamo en la gran mayoría de los centros de salud públicos y privados, coinciden en que no tienen lo indispensable para hacer frente a la pandemia, no se hacen los testeos ni se los consulta para diseñar la mejor política para enfrentar al coronavirus.

Para todo esto se necesita plata. Y desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos señalando claramente de dónde sacarla: concretamente de un fondo de emergencia sobre la base de impuestos a los grandes empresarios, banqueros y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa.

Los diputados Nicolás del Caño y Romina Del Plá, como parte del Frente de Izquierda Unidad, han hecho punta presentando en el Congreso el primer proyecto de ley para gravar mediante un impuesto especial y progresivo a los grandes patrimonios, las ganancias de los bancos, las altas rentas, a los terratenientes y viviendas ociosas. Esto permitiría recaudar 20.000 millones de dólares (dos veces más del total de lo que destinó el gobierno hasta ahora a la crisis), dinero que debería destinarse de manera urgente a los hospitales y a los millones de trabajadores y demás sectores populares que lo necesitan.

Gravar la riqueza tiene un apoyo popular del 80%. Sin embargo, si bien diputados del gobierno anunciaron que iban a presentar un proyecto de ley al respecto, al día de hoy no lo han hecho. Esgrimen que el tema debe ser aprobado por el Congreso (que no se reúne) y previamente, como lo pidió Cristina Fernández, la Corte Suprema se debe expedir sobre si sería válida o no esa ley en caso de ser aprobada. Atento a estos vericuetos, el diputado nacional y autor del proyecto junto a Máximo Kirchner, Carlos Heller, dijo: “Con suerte, en unas semanas lo vamos a estar presentando”, aclarando que no va a tocar las ganancias de las empresas. Más allá de cómo termine siendo la propuesta del gobierno, exigimos que la apliquen cuanto antes. La emergencia no puede esperar.

Otro tanto pasa con la deuda externa. El gobierno hizo una oferta de pago a los bonistas (usureros) en medio de la pandemia y la tremenda crisis social. Propuesta que, si bien contempla para esa parte muy pequeña de la deuda que se está renegociando la postergación de los pagos por algunos años y una quita, esto no implica ningún “no pago” de la deuda, sino nuevos desembolsos que deberán hacerse con más sufrimientos, tanto los actuales como los que vendrán. Sin entrar en detalles sobre el tema –que en esta edición digital de El Socialista será abordado en otras notas–, lo cierto es que el gobierno ha reconocido que esta medida le permitiría “ahorrar 4.500 millones de dólares en lo que resta del año, dinero que equivale a 3,2 veces el presupuesto asignado al Ministerio de Salud para todo 2020”. Pues entonces exigimos de manera urgente que ese monto sea destinado ya a todos los hospitales, no a más prebendas patronales. De la misma forma decimos que si se hubieran invertido en salud los otros 4.500 millones de dólares que ya pagó el gobierno en conceptos de vencimientos de deuda desde que asumió, la situación sería muy distinta, tanto en los hospitales como en la atención de las necesidades de los distintos sectores populares.

Volvemos a reiterar, exigimos una cuarentena con plata para salud y los hospitales. Una cuarentena sin hambre, sin suspensiones y despidos, ni rebaja salarial. Una cuarentena donde la crisis la paguen las patronales, no los trabajadores. Y para ello señalamos que hay que implementar de inmediato un fondo de emergencia, a la vez que apoyamos todos los reclamos obreros y populares en salud, contra los despidos, las suspensiones, la rebaja de salarios, los cierres de empresas y los distintos ataques que está sufriendo el pueblo trabajador.