Escribe Claudio Funes

Ya hacía varias semanas que las patronales venían planteando que se rebajaran los salarios. De hecho, lo venían realizando en muchos sectores. Ahora han logrado lo que querían con la vergonzosa colaboración de la burocracia sindical traidora y el aval del gobierno.

Así lo establece el “Acta tripartita para consensuar medidas que tiendan al sostenimiento del trabajo y la producción frente al Covid-19” firmada por Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT, Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja por la UIA y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Detrás de este rimbombante título hay una sola realidad: la pérdida para millones de trabajadores del 25% de su salario.

En concreto, se plantea que todo trabajador que esté cumpliendo la cuarentena sea encuadrado como “suspendido” durante sesenta días a partir del 1° de abril, recibiendo apenas el 75% del salario neto que le hubiera correspondido. Increíblemente, el acuerdo ni siquiera prohíbe reducciones mayores, sino que dice que, si así las hubiere deberán ser “sometidas a la autoridad de aplicación a fin de evaluar su procedencia, de acuerdo con la situación del sector o de la empresa”. Lo traducimos: sucederá que, con acuerdo de la burocracia sindical traidora y la patronal se presentarán justificaciones para reducciones mayores, que obviamente la “autoridad de aplicación”, léase el Ministerio de Trabajo, terminará avalando.

Encima, este acuerdo ni siquiera retrotrae las innumerables situaciones de reducciones salariales y abusos cometidos previamente por las patronales (repetimos, con la complicidad de la burocracia). Así se establece que “no será de aplicación para la situación de quienes hubieren ya acordado o acuerden en el futuro otros criterios de suspensión”. Así quedan bendecidas las reducciones salariales previas (y mayores) de los petroleros privados, la UOM, las terminales automotrices, o las empresas de comida rápida. Se trata nada más ni nada menos que de 231.483 suspensiones y rebajas salariales en lo que va de la cuarentena, con los metalúrgicos a la cabeza con 126.000 casos, seguidos por los petroleros con otros 64.500. Si se agrega el resto de los sectores, ya eran 300.000 los trabajadores a los que se les habían recortado los salarios antes del acta acuerdo.

En síntesis, este acta acuerdo cumple la función de plantear una reducción generalizada de 25% de los salarios para todos los trabajadores en cuarentena, que se suma a todos los otros “acuerdos” previos de reducción salarial y suspensiones.

El acta dice expresamente que viene a complementar el DNU 376/20, que ya era un gigantesco subsidio a las patronales, por el que se establecía el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El Estado se hace cargo del 50% del salario de los trabajadores del sector privado a través de la Anses (nuevamente a costa de vaciar las cajas jubilatorias).

En concreto, con la excusa de la pandemia las patronales primero logran que el gobierno les subsidie el 50% de los salarios. Ahora a eso le agregan la rebaja salarial de 25 por ciento.

Este reparto de cientos de miles de millones de pesos irá a parar, en su gran mayoría, a las grandes multinacionales negreras: automotrices como General Motors, Ford, Volkswagen y otras; a petroleras como Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Shell y Exxon Mobil, pertenecientes al grupo de las once empresas que en los últimos tres años facturó $2,5 billones en Vaca Muerta mientras recibía millonarios subsidios del Estado.

La excusa de todo esto es que así se “preservarán las fuentes de trabajo”. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de que existe un DNU previo que “prohíbe” despidos y suspensiones (lo mismo que ahora se promueve), este decreto se transformó en un papel sin contenido, como lo demuestran todos los casos ya denunciados en las semanas previas.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad y el sindicalismo combativo denunciamos el papel traidor de la burocracia sindical y seguimos planteando ¡no a ningún tipo de rebaja salarial! ¡Prohibición efectiva de suspensiones y despidos! Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.