Jul 07, 2022 Last Updated 5:02 PM, Jul 6, 2022

En defensa de la salud publica y de sus trabajadores

Publicado en El Socialista N° 457
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Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

Desde el comienzo de los contagios, aún antes de instaurarse la cuarentena, hay una lucha de los trabajadores de salud que se desarrolla en gran parte del país por su protección frente a la pandemia. Las contundentes cifras evidencian ahora que el personal de salud se ha convertido en el principal grupo de riesgo de contagio, a la par de los residentes de los geriátricos. La infección por coronavirus se yergue como una amenaza a la salud e incluso a la vida de estos trabajadores. Esta amenaza se suma a los bajos salarios que obligan al pluriempleo con dilatadas jornadas de trabajo y, ahora, a una prolongada exposición diaria al contagio. La reacción de los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín puso en evidencia ante la opinión pública lo acertado de los reclamos de equipamiento de protección para el personal que se venían haciendo desde un mes atrás. A partir de ese día quedó instalada la necesidad de proteger a los trabajadores.

La lucha se extiende a todo el país y el reclamo por los insumos se combina con la lucha salarial

En el día de ayer, en varios lugares del país se informó que no se pagará el bono anunciado por el Ministerio de Salud de Nación a quienes trabajan en el primer nivel de atención. La medida, que había sido anunciada hace ya bastante tiempo, implicaba una asignación de 20.000 pesos en cuatro cuotas a ser abonadas en los meses de abril, mayo, junio y julio 2020. En Tucumán, por ejemplo, la ministra de Salud intenta convertir esa suma en un presentismo y solamente a quienes estén a cargo de la atención directa a pacientes con Covid. En Santa Fe, también se quiere dejar afuera a quienes trabajan en la atención primaria de la salud. Esa suma debe ser parte del incremento salarial -y no por cuatro meses solamente, sino permanente- y además ser asignada a la totalidad del equipo de salud, en todos sus escalones de atención, dado que éste funciona como un todo frente a las necesidades de salud de la población.

En Córdoba, el gobierno quiso aprovechar la situación de emergencia para cumplir la vieja aspiración de cerrar el hospital de Santa María de Punilla. Ante las versiones periodísticas sobre el posible traslado de pacientes y desmantelamiento de servicios del establecimiento, una comisión integrada por representantes de los gremios, reunida con la Dirección, logró que ésta asegure a los trabajadores reunidos que no habría traslado. También la Dirección se comprometió públicamente a hacer los testeos que se venían reclamando.

CABA: un avance en la coordinación de los trabajadores de salud

En la ciudad de Buenos Aires el personal de los distintos hospitales venía reclamando por su seguridad. En varios de ellos se elevaron petitorios a las direcciones, como en el Hospital Álvarez; se presentaron recursos de amparo, como en el Tornú y se realizaron “aplausazos” en las puertas, como sucedió en el Ramos Mejía, Udaondo, Rivadavia y otros. Todas estas acciones fueron convocadas por distintos sectores: profesionales residentes, la Interhospitalaria, gremiales de profesionales y autoconvocados. Finalmente, la convocatoria de ATE para realizar una acción el martes 28 a las 11 sirvió para hacer confluir todas estas iniciativas dispersas en una manifestación unitaria.

La lucha actual tiene como reivindicación inmediata el reclamo unitario por provisión de equipamiento para protección personal, testeos a todo el personal sanitario y comité de crisis en todos los hospitales. A eso se le suman los planteos salariales y la irrenunciable exigencia del reconocimiento profesional de la enfermería. Una nueva amenaza despunta en el horizonte para los trabajadores. El jefe de gobierno Rodríguez Larreta no solo facilita al socio de su hermano el hacer pingües negocios con los dineros públicos y al conocido Nicky Caputo a venderle a la Ciudad de Buenos Aires kits para testear coronavirus, también quiere bajar los sueldos de los empleados de la Ciudad y pagarlos en cuotas. Es necesario rechazar de plano este intento. Los trabajadores de salud del distrito deben continuar avanzando en nuevas medidas de lucha y su coordinación.

Las asambleas de base de la Cicop aceptaron en disconformidad la oferta de Kicillof

Más del 82% de las seccionales de Cicop votaron por la aceptación de la propuesta mientras que las restantes se pronunciaron por su rechazo. En medio de la pandemia, la discusión paritaria fue difícil. El monto del aumento, entre 21 y 25% de bolsillo, inferior a lo reclamado inicialmente, fue aceptado en disconformidad por el 82% de las seccionales. El bono de 5.000 pesos del gobierno nacional fue extendido a todo el personal de la Ley 10.471 e incluido como parte del sueldo en forma permanente. Se quedó en el compromiso de reapertura de la discusión en junio. Finalmente, el ministro aceptó la formación de una comisión de crisis con participación de los trabajadores a nivel general y en cada uno de los establecimientos.

Durante la semana que pasó se pusieron en marcha en gran parte de los hospitales de la provincia los comités de crisis. Están integradas por los distintos gremios: Cicop, ATE y el Sindicato de Salud Pública (Fatsa). Tratan toda la problemática que se presenta en el funcionamiento del hospital en pandemia: normas de bioseguridad, desplazamiento de personal, distribución de turnos y reclamos como licencias para mayores de 60 años y personal con patología de riesgo para Covid.

Se ha iniciado una movilización de los trabajadores de salud en todo el país en defensa de su vida, salario y condiciones de trabajo. Es desigual, de acuerdo a las características y tradición de cada provincia y gremio; también tiene distinto ritmo. Pero la movilización ha comenzado. Para que alcance sus fines será necesario la creación de un fondo creado con el impuesto a los ricos y el no pago de la deuda externa.

Para garantizar la salud como derecho para todos y la seguridad de los trabajadores del sector habrá que avanzar hacia la estatización del sistema de salud, de las clínicas privadas, de los geriátricos de la industria farmacéutica y de insumos bajo control de los trabajadores y usuarios.

 

 

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