Escribe Ana Val, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha

Nuevamente por decreto, el gobierno dispuso un aumento de 6,12% para todos los jubilados que regirá a partir de junio. Esta vez se utilizó una metodología diferente de la de marzo.

De esta manera, la jubilación mínima de 15.892 pesos sube a 16.864 pesos. Un aumento de 972 pesos mensuales, equivalente a 32,40 pesos diarios. Ni medio kilo de pan. Una afrenta a los jubilados, un haber de indigencia en medio de una pandemia que hace estragos entre los adultos mayores.

Luego del anuncio efectuado por el ministro de Trabajo Claudio Moroni, la titular de la Anses, la camporista Fernanda Raverta, apeló al doble discurso para justificar el miserable aumento: “Ningún jubilado va a poder comprar menos de lo que compraba antes”. Una aseveración cargada de cinismo. Está claro que en este caso no se trata de porcentajes que igualen o superen la inflación, sino de la magnitud del monto. La canasta de un jubilado supera los 45.000 pesos y la nueva jubilación mínima no llega a cubrir el 38 por ciento. Pretenden hacer pasar una nueva estafa como un gran beneficio para los jubilados. 

Este nuevo aumento, decidido en forma discrecional, hace que todos nuestros haberes queden por debajo de lo que habría resultado de la aplicación del 10,9% que establece la suspendida ley de movilidad de Macri. De esta forma, el gobierno consolida el ataque a los jubilados. En junio todos los jubilados perdemos, incluso los que ganan la mínima.

El último incremento fue otorgado en marzo, también por decreto. Fernández estableció una suma fija de 1.500 pesos para todo el universo de haberes, con el agregado de 2,3 por ciento. Se reemplazó así el incremento de 11,56%, sin distinción de rangos, que  hubiese correspondido si se aplicaba la suspendida ley de movilidad de Macri. Así logró que los que menos ganaban cobrasen más que si se hubiese aplicado la fórmula de movilidad suspendida y, por el contrario, los que percibían más de esa cifra cobrasen menos. Comenzaba así el achatamiento de la pirámide de nuestros haberes jubilatorios. Cerca de 2,7 millones de jubilados que no ganamos la mínima nos vimos perjudicados.

Voceros del peronismo kirchnerista defendieron aquel zarpazo diciendo: “La concepción política e ideológica es transparente, disminuir la brecha de haberes para mejorar la equidad distributiva y que el Estado, a través del pago de jubilaciones, no replique como herencia la desigualdad del mercado laboral”. Una aseveración intencionalmente errónea.

La razón fue otra. Según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gobierno nacional logró un ahorro cercano a los 34.000 millones de pesos entre enero y agosto gracias a la suspensión de la Ley de Movilidad. No era equidad, era ajuste.

Lo cierto es que la movilidad jubilatoria siempre llega con atraso, primero viene la inflación, luego el aumento a los jubilados. Al 10% perdido en lo que va del gobierno de Alberto Fernández hay que sumarle la merma de 24% durante el gobierno de Macri. Las jubilaciones acumulan un retraso de 34 por ciento. Es el ahorro fiscal de los gobiernos patronales para estar en sintonía con las exigencias del FMI. 

Es por esto que Alberto Fernández fue mutando su discurso. De decir durante la campaña electoral “con los jubilados no se jode” y “entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados”, a “la fórmula de movilidad de Macri es impagable, los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero”. 

Así llegamos a este presente sin Leliq para los jubilados y con aumentos por decreto. Esta situación continuará, según el gobierno, hasta que se pueda encontrar, por fin, una fórmula de movilidad “razonable”.  

La rigurosidad de Fernández siempre está presente para establecer los aumentos de las jubilaciones, pero  ausente para tomar la decisión de financiar, con  fondos de la Anses, la mitad de los salarios de Techint, del multimillonario Paolo Rocca; del ingenio Ledesma, de la genocida familia Blaquier; de multinacionales como Volkswagen o Mercedes-Benz; del Grupo Clarín, que reparte ganancias por 800 millones de pesos, y hasta de la cerealera Vicentín, que estafó al mismísimo Estado. Esto para él es “razonable”.

Para el gobierno también es “razonable” desfinanciar el Sistema Integrado Previsional Argentino con la postergación o reducción de hasta 95% del pago de las contribuciones patronales, ya magras desde los tiempos de Domingo Cavallo y tocadas también por Macri. Todo para los grandes capitalistas, migajas para los jubilados. Esta  parece ser su consigna en medio de la pandemia.

Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en lucha (Utjel) rechazamos la política previsional del gobierno y exigimos plata para las jubilaciones, no para los capitalistas y las multinacionales, que se restituyan las contribuciones patronales, por el 82% móvil sobre el mejor salario y una jubilación mínima de 45.000 pesos. Por una Anses dirigida y controlada por los trabajadores y los jubilados.