Escribe Gastón Godoy
El pasado 29 de mayo se llevó adelante el tercer paro mundial de repartidores en medio de la pandemia. En la Argentina y varios países se desarrollaron acciones de visibilización de las pésimas condiciones de trabajo que sufren quienes desde el primer día fueron considerados “trabajadores esenciales”. Pero esta categoría no influyó en ningún aumento salarial ni en medidas de protección e higiene. Más bien lo contrario, incrementaron la exigencia y el control y se produjeron despidos. Ocurrieron también asesinatos laborales, como los de Emma, Miguel Ángel y Franco.
La acción en nuestro país tuvo epicentro en el Obelisco de Buenos Aires, desde donde se marchó hasta el Ministerio de Trabajo que encabeza Claudio Moroni. La movilización se enmarca en un plan de lucha que vienen desarrollando con más fuerza desde que comenzó la cuarentena. El primer paro, también mundial, fue el 22 de abril, luego se realizó otro el 8 de mayo. La organización todavía es incipiente porque las empresas Glovo, Rappi, PedidosYa y UberEats están vinculadas al Estado y tienen el aval gubernamental para no dar ningún beneficio laboral (vacaciones, aguinaldo, salario mínimo) y despedir a quien proteste.
Los principales reclamos son: aumento de 100% de pago por envío (hoy es de 55 pesos), elementos de seguridad e higiene, que la ART esté a cargo de las empresas y la reincorporación de quienes fueron echados por haberse organizado. Uno de los pedidos más sentidos es también el que tiene que ver con los asesinatos laborales, que siguen impunes porque las empresas se desligan totalmente. Para eso cuentan con la complicidad del gobierno y de los sindicatos dirigidos por las burocracias de APP, Asimm y la ACRI.
Desde Izquierda Socialista somos parte en algunas provincias y alentamos la formación de un espacio combativo dentro de estos sectores, donde las discusiones se den de forma democrática y en asamblea, como la última que definió participar de la movilización que el Plenario del Sindicalismo Combativo convocó para el próximo 16 de junio. En esa perspectiva acompañamos todas las acciones que se realicen y le exigimos al gobierno de Fernández que se haga cargo de la situación de precarización total y miseria que atraviesan. El gobierno debe obligar a las empresas a que contraten en blanco a sus trabajadores, dándoles todos los beneficios laborales.
