Editorial
En estas semanas se estará llegando al pico de la pandemia en la llamada Área Metropolitana Buenos Aires (capital y conurbano). En algunas provincias aparecieron rebrotes que obligaron a retroceder en las fases de la cuarentena. Crecen los contagios, dándose algunos resonantes, incluso entre políticos patronales, como los casos de Martín Insaurralde y María Eugenia Vidal. Todos sabemos que el sistema de salud puede colapsar en semanas, agravado por la saturación de las camas de terapia intensiva.
El diagnóstico es claro. Lo repiten los epidemiólogos hasta el cansancio. Sin embargo, cualquiera que circule por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano encuentra cada día más gente en las calles. Es obvio que esto pone en riesgo a millones. Es urgente que podamos cumplir una cuarentena como corresponde. Pero la pregunta es ¿por qué sucede esto? El gobierno de Alberto Fernández responsabiliza a la gente cuando dice “querían correr, ahí tienen; podemos tirar todo el esfuerzo que hicimos”, aprovechando para “tirarle un palo” así al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La realidad es bien distinta, decenas de miles salen de sus casas poniéndose en en riesgo de contagio por algo muy simple, están obligados a ir a trabajar porque los gobiernos, el nacional de los Fernández, el de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, o el de CABA de Larreta, autorizaron a las patronales a abrir el 85% de las fábricas y un número importantísimo de comercios mucho más allá de lo que es realmente “esencial”. Otros, trabajadores precarizados y vendedores, se ven obligados a romper la cuarentena porque necesitan urgentemente llevar algún peso a su casa, ya que es imposible que una familia pueda sobrevivir con los 10.000 pesos del IFE, más aún cuando muchos recién lograron cobrarlo en las últimas semanas, a tres meses de iniciada la cuarentena. Entonces seamos claros, el auténtico responsable de que se esté rompiendo la cuarentena es el propio gobierno.
Alberto Fernández asumió declamando que no iba a pagar la deuda a costa del hambre popular. Sin embargo, pasados apenas seis meses, ya salieron 4.500 millones de dólares hacia los bolsillos de los pulpos acreedores y el ministro Guzmán está en plena renegociación de la deuda, donde lo concreto es que semana a semana se le cede más a los buitres, con miles de millones de dólares, que en vez de ir a resolver la urgencia de la pandemia van a engordar sus bolsillos. Luego, ya comenzada la cuarentena, “prohibió” por decreto suspensiones y despidos, para inmediatamente aceptar que sucedan de hecho y, peor aún, junto con la burocracia de la CGT y la UIA pactaron reducir nuestros salarios. Y ahora se agrega el pago en cuotas del aguinaldo. El presidente también fijó por decreto el congelamiento de precios de dos mil productos de la canasta familiar, pero luego se dedicó a hacer la vista gorda mientras las grandes empresas y las cadenas de hipermercados los aumentaban astronómicamente pulverizando los salarios. Hace más de noventa días anunció un impuesto a las grandes fortunas, pero el proyecto ni siquiera fue presentado en el Congreso. Todo este recuento nos muestra la realidad del doble discurso del gobierno, palabras “lindas” por un lado, por el otro una realidad donde las únicas privilegiadas siguen siendo las grandes patronales.
Es fundamental continuar, fortalecer más aún la cuarentena. Pero la única cuarentena posible es sin hambre. Hay que prohibir de verdad los despidos y las suspensiones y retrotraer los que ya se han dado. Esta semana tuvimos el hecho impactante de los más de 1.700 compañeros de Latam que pretenden despedir mientras el gobierno y la CGT miran para otro lado. Es necesario que todos los que lo necesiten cobren un IFE de 30.000 pesos. Que se destine más comida a los barrios populares. En particular, tenemos que pelear por más presupuesto para salud para que existan los insumos y medidas de protección para sus trabajadores y por el más estricto cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo.
Lo que está en discusión, entonces, es de dónde puede salir la plata para financiar todo esto. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con todas las letras, de un impuesto a las grandes fortunas y ganancias, como lo establece el proyecto que ya hemos presentado en el Congreso Nacional. Con un impuesto a esas patronales (Techint, Citibank, HSBC, Perez Companc, Volkswagen, Chevron, Shell, Walmart, los dueños de las grandes cadenas de supermercados, etcétera) podríamos recaudar 20.000 millones de dólares que, sumados a los que se podrían obtener con la inmediata suspensión de todo pago en concepto de deuda externa, serían más que suficientes para implementar un fondo de emergencia dedicado a resolver las más urgentes necesidades populares que ha generado la pandemia. Solo así podremos garantizar una cuarentena sin hambre, despidos ni rebaja salarial.
