Escribe Adolfo Santos
Nada va quedando del grandilocuente anuncio de Alberto Fernández acerca de la intervención y expropiación de Vicentin. Tras reducir primero todo al término “rescate”, finalmente no quedó en pie ni siquiera la intervención. Vicentin va quedando cada vez más como otro ejemplo del doble discurso del gobierno, “archivado” como el impuesto a la riqueza.
Al comienzo se iba a intervenir y expropiar. Luego se pasó a “dialogar” para “rescatarla”. Y ahora desaparece cualquier mención a la expropiación y se activa la propuesta del gobernador Perotti, de intervención vía la Inspección de Justicia de Santa Fe. Finalmente, y tal como era de esperar, se dejó todo en manos del juez de la causa de Reconquista, virtual peón de la familia Vicentin, que simplemente le “restituyó” el control y el gerenciamiento a sus antiguos dueños. No quedó en pie nada, ni siquiera la intervención, degradada meramente a la presencia de “veedores”, que no inciden absolutamente en nada. Y, por si faltara algo, el juez estiró la convocatoria de acreedores hasta agosto. ¿Qué dijo el gobierno de Alberto Fernández? Absolutamente nada.
Todo es un escándalo. Más aún cuando cada día se conoce más la historia mafiosa de la empresa. Durante el gobierno de Onganía recibió extensas parcelas de tierra en la provincia de Santa Fe donde desarrolló sus actividades agrícolas sin pagar un peso; después, el tristemente recordado Martínez de Hoz le facilitó las condiciones para instalar el puerto que posee en Rosario, a cambio de lo cual fueron cómplices de la dictadura, veintidós trabajadores, catorce de ellos delegados sindicales, desaparecieron. Con Domingo Cavallo consiguieron la estatización de su deuda. Existen múltiples denuncias de comercio de triangulación, vía Paraguay, de contrabando de granos al exterior, pagos en negro y evasión de impuestos. En complicidad con altos funcionarios del Banco Nación, durante el gobierno de Macri, Vicentin obtuvo créditos que exceden sus garantías, dinero que habría ido a parar a paraísos fiscales, aunque la deuda con el Nación asciende a 18.000 millones de pesos. Con todo, amenaza con una quiebra fraudulenta que dejaría a miles de trabajadores en la calle, una gran cantidad de pequeños productores rurales sin cobrar sus cosechas y una deuda inmensa con el Estado.
A pesar de todo esto el gobierno nacional hace silencio, da marcha atrás con la expropiación, no cuestiona que no exista ya la intervención ni a un juez que, a ojos vista, es parte de la maniobra de Vicentin.
El 17 de junio se publicó una solicitada con el título “El movimiento sindical y Vicentin”, que expresa “el respaldo a la decisión adoptada por el presidente Alberto Fernández de proceder a la intervención del grupo Vicentin…”. Con la firma de Héctor Daer, Hugo Yasky, Ricardo Peidró, Pablo Micheli, Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Sonia Alesso y decenas de dirigentes, tanto la CGT como las CTA se alinearon incondicionalmente con el gobierno. No hay ninguna crítica, ni siquiera una exigencia de que la expropiación se concrete efectivamente, que alcance a la totalidad del grupo y que no sea meramente un “rescate” donde los capitalistas se salvan a costa de un Estado que se hace cargo de todas las deudas.
A esto se le sumó una campaña de firmas de referentes del “progresismo”, motorizada por el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, y que incluyó, entre otros, a Julio Gambina, Alejandro Bercovich y otros, titulada “Urge multiplicar el apoyo a Vicentin”. Planteada como campaña “contra la derecha”, ni siquiera le exigen al gobierno que avance con la expropiación. Apenas si terminan haciendo un tibio planteo para que Vicentin termine siendo “pública, no estatal, con control social”.
Tanto la solicitada de la burocracia sindical, como el llamamiento del “progresismo” terminaron demostrándose absolutamente inservibles. Es que ambos llamaron a confiar en el gobierno, a “fortalecerlo” en su decisión contra una “derecha” que se oponía. Todo este planteo quedó absolutamente en el aire cuando el gobierno terminó retrocediendo, haciendo desaparecer todo atisbo de expropiación y, finalmente, aceptando que ni siquiera hay una intervención a la empresa, sino apenas una desteñida figura de “veedor”.
Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad fuimos clarísimos desde el primer momento. Nunca depositamos confianza alguna en los dichos del gobierno. Por eso presentamos nuestro propio proyecto de expropiación en el Congreso. Al igual que lo que terminó sucediendo con el impuesto a las grandes riquezas, el doble discurso del gobierno quedó al descubierto. Ese proyecto es, al día de hoy, el único. El del oficialismo nunca existió. Siempre dijimos que había que expropiar Vicentin al ciento por ciento sin indemnización y bajo control de sus trabajadores y los pequeños productores. Ese, sin doble discurso ni medias tintas, será el primer paso para terminar con los negociados de los pulpos exportadores, que solo se completará con la nacionalización del comercio exterior.
