Escribe Daniel Báez

Los casos de muertes y aprietes a manos de la policía de Manzur y el ministro de (in)Seguridad Maley se repiten.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le envió una carta al gobernador Juan Manzur para transmitirle la “preocupación por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la policía de Tucumán” y “la falta de respuesta política para abordar este problema” (La Nota, Tucumán, 17/7/20).

Para el CELS, el asesinato de Espinoza “constituye uno de los casos de violencia policial extrema más graves que se registraron a nivel nacional en los últimos años”. El 14 de julio, la familia denunció la liberación de Álvaro González, uno de los civiles involucrados en su desaparición, y exige que la Justicia actúe con rapidez e independencia del poder político.

Los policías implicados en el caso, Claudio Zelaya y Eduardo González Rojas, “fueron señalados por haber participado en otro hecho que aún está impune, golpear a un joven, Alan Andrada, en la comisaría de la ciudad de Simoca en octubre de 2018. Andrada falleció días después producto de una hemorragia por los golpes recibidos”.

La carta también hace referencia al caso de Roxana Monteros, quien denunció el 17 de junio pasado haber sido atacada a golpes y sufrido violencia sexual por parte de los efectivos que protagonizaron el allanamiento violento en su domicilio.

“Una semana después, el 24 de junio, la policía mató por asfixia a Walter Ceferino Nadal”, agrega. La investigación está estancada, ni el estudio anatomopatológico que esclarecerá el hecho fue realizado, denunció la familia.

En estos días se conoció la denuncia por apremios ilegales y golpiza realizados a un abogado en Concepción por parte del comisario y efectivos de la delegación policial de esa localidad del interior provincial.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de todos estos casos y la renuncia inmediata del ministro Maley.