Escribe Diego Martínez

En plena pandemia, Alberto Fernández dio a conocer los lineamientos de la reforma judicial que comenzaría a discutirse esta semana. El proyecto busca modificar el sistema judicial, ampliando la justicia federal y creando nuevos juzgados y cargos. La ley incluiría además la ampliación de los miembros de la Corte Suprema. Según Alberto Fernández, estas medidas serán un avance hacia un sistema judicial más democrático e independiente. “Es hora de tener una Justicia independiente, sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos”, tuiteó. El gobierno, una vez más, hace gala de su doble discurso, aprovechando la pésima reputación que bien ganada tienen los jueces entre los trabajadores y sectores populares, para anunciar una medida que tendrá el efecto contrario del que enuncia. Que haya más jueces no implica una mayor democratización de la Justicia. Por el contrario, esto solo servirá para que el gobierno tenga más jueces adeptos y controle la Justicia al servicio de sus intereses políticos y de garantizar la impunidad para sus funcionarios, empresarios amigos y, principalmente, para Cristina Fernández, imputada en diversas causas. No casualmente se creó una junta consultiva asesora sobre la reforma en la que no solo el gobierno tiene mayoría propia, sino que la integra Carlos Beraldi, el mismísimo abogado defensor de Cristina. Una vergüenza.

No importa el color político del gobierno patronal en cuestión, la Justicia siempre responde a los intereses del mandatario de turno. La realidad demuestra que la división de poderes y la justicia independiente no existen.

El peronismo kirchnerista manejó la justicia a su antojo con mano férrea durante sus doce años de gobierno. Así logró zafar de numerosas causas de corrupción. Cuando el ex procurador general de la Nación Esteban Righi intervino en la causa Ciccone, por la que hoy está condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, fue echado de su cargo. 

También Macri, al momento de asumir, se aseguró de tener el control de la justicia, nombró a dos jueces de la Corte Suprema por decreto y puso magistrados afines en todos los fueros. Así logró la impunidad para él y todo su gobierno. No era fácil, Macri ya contaba con doscientas catorce causas en su contra.

Más allá del alineamiento individual de cada juez, y de los roces circunstanciales que se generan como reflejo de peleas de poder en las alturas, de conjunto, la Justicia responde a los intereses de los empresarios y el régimen político burgués. Es por eso que, pese a la resistencia de Clarín y figuras de la oposición, Alberto Fernández está buscando sumar el mayor consenso posible entre los partidos patronales detrás de la reforma. El diario Clarín reconoció que referentes de la oposición, como Federico Pinedo, fueron tentados para formar parte de la “comisión asesora”, lo que contaba con la venia del mismísimo Macri (Clarín, 2/8/2020). El proyecto contempla el traspaso de veintitrés juzgados federales, que pasarían a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. La reforma implica la creación de noventa y cuatro cargos en juzgados federales de todo el país. Más allá de garantizarse una mayoría propia, el peronismo pretende llegar a un acuerdo con PRO y la UCR a través del reparto de los cargos restantes.

La Justicia defiende a los empresarios y a los políticos patronales

Más allá de a quién responda  coyunturalmente, la Justicia tiene un carácter de clase. Responde al poder económico y al poder político de los capitalistas.

El sistema judicial actúa con mucha celeridad para condenar a un ladrón de gallinas, pero hace la vista gorda frente a flagrantes delitos como el desfalco cometido por Vicentin, el vaciamiento de Latam, que deja a 1.700 familias en la calle, o la violación sistemática de contratos de trabajo, como lo vienen haciendo miles de empresas durante esta cuarentena, con el pago del 75% de los salarios, o en algunos casos un porcentaje mucho menor. Otros empresarios directamente abandonan sus empresas, sin consecuencia legal alguna, como es el caso de La Nirva, de La Matanza, donde la patronal hace nueve meses que no paga los sueldos y los bienes de la empresa todavía no fueron embargados.

Mientras la Justicia encarcela con mucha rapidez a luchadores políticos como Daniel Ruiz y Sebastián Romero, procesados por luchar contra una ley que implicaba otro robo a los jubilados, políticos corruptos como Menem, implicado en causas por narcotráfico y tráfico de armas, no pasaron un día en una cárcel. Y, por si existiera alguna posibilidad de ser condenado, hace diecisiete años que Menem, como senador nacional, se asegura los fueros que lo mantienen en la impunidad.  Algo similar podríamos decir de Macri, Cristina y tantos otros.

Si alguna vez la Justicia emitió un fallo a favor de los trabajadores y el pueblo, fue por la presión de la movilización popular. La persistente y masiva movilización de cada 24 de marzo logró que en 2003 se derogaran las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impuestas por Alfonsín en 1987, junto con los indultos de Menem a los genocidas. Cuando en 2017 la Justicia, con el aval de Macri, quiso imponer el 2x1 reduciendo las condenas de los genocidas, cientos de miles nos movilizamos en las calles y Macri y la justicia tuvieron que dar marcha atrás. También es gracias a la movilización de las mujeres que se logró crear la figura jurídica del femicidio, que permite que se les dé a los violentos que matan a las mujeres la pena máxima de veinticinco años de prisión. Estos casos antes quedaban encuadrados como “crímenes pasionales”.

 ¿Qué Justicia necesitamos?

Mientras luchamos por una justicia que defienda los intereses de los trabajadores y no de los empresarios, peleamos por algunos cambios inmediatos. No va más la justicia elegida a dedo. Queremos que todos los jueces se elijan por el voto popular y que sus mandatos no sean vitalicios, sino por un tiempo determinado, y que puedan ser revocables.

Basta de privilegios para los jueces. No solo cobran sueldos siderales, sino que perciben jubilaciones de privilegio que oscilan entre los 300.000 y 700.000 pesos. Como si esto fuera poco, están exentos del pago del impuesto a las ganancias, que abonan, entre otros miles, los trabajadores de la salud en plena pandemia. Es una vergüenza absoluta que los jueces no lo paguen.

Otra medida que debería implementarse son los juicios por jurado, establecidos en la Constitución, pero que, salvo escasísimas excepciones, nunca se implementaron. Deben hacerse realidad con la participación de vecinos y vecinas designados por sorteo. Es un mecanismo que permite reducir las maniobras del Poder Judicial que, en todos los niveles, sistemáticamente falla contra los trabajadores, los sectores populares, las mujeres y los jóvenes.