Pasan los días y siguen aumentando los casos de coronavirus. Se hizo costumbre escuchar los anuncios sobre un nuevo récord de contagios y fallecimientos.
Ya se reconoce que nos acercamos al peligroso límite donde pueden colapsar las camas de terapia intensiva.
Los gobiernos peronistas de la Nación, de Alberto Fernández, y de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, y el de CABA, del macrista Horacio Rodríguez Larreta, continúan cargando la responsabilidad sobre el pueblo trabajador, diciendo que la expansión del virus depende de “las reuniones sociales” o la “falta de responsabilidad” de los que violan la cuarentena. Falso. Nada mencionan sobre la apertura casi total en la industria y el comercio, que obliga a decenas de miles a salir de sus casas y viajar hacinados con el único objetivo de garantizarles las ganancias a las patronales, que ni siquiera garantizan las condiciones de salubridad en los propios lugares de trabajo. Los contagios en el ferrocarril Sarmiento, que obligaron a paralizar el servicio en estos días, son un ejemplo del riesgo que viven cotidianamente los trabajadores. Otros tantos miles, que se quedaron sin ingresos, se ven obligados a salir a trabajar, no “por irresponsabilidad”, sino simplemente porque una familia no puede vivir con los 10.000 pesos del IFE.
Mientras sigue esta pandemia que, evidentemente, no está resuelta ni se resolverá en el corto plazo, el gobierno de Fernández y el Frente de Todos le ha dado prioridad absoluta a la resolución de los pagos de deuda a los pulpos acreedores cerrando un acuerdo con los tenedores de deuda bajo legislación extranjera. El presidente apeló al doble discurso del gobierno peronista al afirmar, apenas conocido el acuerdo: “Hemos recuperado autonomía para destinar recursos, para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que muchos empresarios puedan acceder al crédito, y hemos recuperado autonomía de decisión y de definir qué país queremos” (Página/12, Clarín y La Nación, 4/8). Al mismo tiempo, agradeció “la comprensión de los acreedores, que entendieron que Argentina estaba haciendo un gran esfuerzo”.
Seamos claros, los pulpos acreedores no fueron “comprensivos”. Al contrario, los usureros internacionales (BlackRock, Templeton, Greylock, Pimco), los especuladores y los bancos están festejando por el negocio que obtuvieron, lo que se reflejó en la suba automática de los bonos de deuda argentinos en los mercados internacionales. Del mismo modo, el acuerdo recibió el apoyo y los elogios de todos los economistas del establishment, así como del ex ministro de Macri Luis Caputo, la Sociedad Rural o, incluso, de personajes nefastos como Domingo Cavallo y de todos los gobiernos capitalistas del mundo, el Papa, el FMI, Macri y hasta la CGT traidora.
El gobierno está reconociendo una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta que pagará con más ajuste sobre el pueblo trabajador. Que, nunca olvidemos, tiene su origen en la dictadura genocida. Que luego fue pagada varias veces por todos los gobiernos que le siguieron, incluyendo el del peronismo kirchnerista, que mintió al decir que “nos habíamos desendeudado”. Sobre todo esto, el gobierno de Mauricio Macri endeudó al país sideralmente en 150.000 millones de dólares más. Deuda que hasta el propio Alberto Fernández admitió que había ido a financiar la fuga de capitales. Ahora el presidente reconoce y paga esta deuda. Ganan los banqueros y los especuladores de la mano del FMI y pierden los trabajadores.
El doble discurso del gobierno no se limita solo a la negociación de la deuda. Tampoco se tienen noticias del impuesto a la riqueza, que Fernández anunció con bombos y platillos hace casi cuatro meses. Al día de hoy, el único proyecto presentado en el Congreso es el del FIT Unidad, que el Frente de Todos, junto con Cambiemos, se niegan a tratar. Y, la semana pasada, el propio gobierno dio marcha atrás con la intervención y expropiación de Vicentin, dejando en manos de sus dueños estafadores (y el juez cómplice) la “solución” frente al vaciamiento de la empresa. Nuevamente, solo hay un proyecto en pie que sigue exigiendo la expropiación, el que presentamos desde el Frente de Izquierda Unidad.
Rechazamos el acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y los usureros de la deuda. Rechazamos que el gobierno peronista diga que va en beneficio del pueblo trabajador. No es así. No habrá ningún plan económico “sustentable” pagando esta deuda. Al contrario, el gobierno impondrá nuevos ajustes, como el que ya produjo con la rebaja de las jubilaciones y de los salarios, y las reformas estructurales exigidas por el FMI, que implican una mayor entrega y saqueo del país para “honrar” los pagos. Llamamos a repudiar este acuerdo que perjudicará a los trabajadores, a los jubilados, a la juventud, a las mujeres y al resto de los sectores populares.
Frente a esta “santa alianza” de todos los partidos patronales para pagar la deuda, que incluso han votado juntos en ese sentido en el Congreso, el Frente de Izquierda Unidad se ha opuesto en el Parlamento y en las luchas. Somos la única fuerza política que presentó un proyecto para desconocer esos pagos, dejar de pagar, romper los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI y al imperialismo y destinar esos fondos a combatir la pandemia. Para los hospitales públicos y los trabajadores y profesionales de la salud. Para otorgar 30.000 pesos a todos aquellos que los necesiten en medio de la cuarentena, ante el aumento de la pobreza, la miseria, los despidos y las suspensiones.
Entre el jueves 30 de julio y el sábado 1° de agosto el Frente de Izquierda Unidad realizó una exitosa Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, que reflejamos ampliamente en este número de El Socialista. Entre sus principales resoluciones, hoy más urgente que nunca, se convoca al “no pago de las deudas externas de los países de América Latina y el Caribe y de todos los pueblos oprimidos”.
