Escribe Martín Fú
A todo esto, el diputado Máximo Kirchner dijo que lo que pasó con Facundo Castro es distinto del caso de Santiago Maldonado. Habló de “miserabilidades de la política”, haciendo referencia a quienes comparan ambos hechos. Mientras tanto, en las redes sociales miles opinan que se trata de desapariciones forzadas, incluso muchos simpatizantes del propio gobierno nacional.
Máximo Kirchner asegura que la muerte de Maldonado ocurrió “en medio de una represión”. Estamos de acuerdo, ¿pero con Facundo qué sucedió? Como dijo su madre: “A mi hijo lo desaparecieron por romper la cuarentena”. Es decir que hubo un accionar policial represivo que lo hizo desaparecer. ¿Qué sería esto para Máximo Kirchner? También afirmó que con Maldonado hubo una política para ocultarlo. ¿Y con Facundo Castro acaso no hubo una política de encubrimiento a la bonaerense por parte del ministro Berni? Por eso Cristina Castro le está pidiendo la renuncia. El abogado Leandro Aparicio viene denunciando que “hay una asociación ilícita que sigue operando para encubrir esto”.
Máximo Kirchner asegura que “confía en Kicillof”, mientras el gobernador se la pasa diciendo “no vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación”. Pero él es es el jefe político de Berni, el máximo defensor de la policía. Y es el propio gobierno peronista el que hizo oídos sordos al reclamo de la madre de Facundo, que pedía remover al fiscal de la causa por ser cómplice del encubrimiento.
Lo cierto es que Facundo Castro es víctima de una desaparición forzada de persona por parte del accionar de una fuerza represiva del aparato estatal, como lo es la policía bonaerense.
Por eso insistimos en el doble discurso de un gobierno que se define defensor de los derechos humanos. Ya en muchas provincias, con gobernadores afines a Alberto Fernández y al peronismo del Frente de Todos, vienen ocurriendo tremendos casos de gatillo fácil, asesinatos y represión (hay más de noventa muertes registradas a manos de la policía durante la cuarentena), ante los cuales venimos reclamando castigo para todos los responsables materiales y políticos. El caso de Luis Espinoza, asesinado y desaparecido a manos de la policía tucumana de Manzur en mayo de este año, es un ejemplo actual.
Y no es algo sólo de la gestión de Alberto Fernández. Desde 2003 hasta 2015, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se registraron setenta casos de desapariciones forzadas de personas. Algunas de las más emblemáticas fueron las de Julio López, en La Plata (2006), y la de Daniel Solano en Río Negro (2011). La bonaerense volvió a figurar en el caso de Luciano Arruga el 3 de febrero en 2009, cuyo cuerpo recién apareció en 2014 como NN.
A modo de recordatorio, y para clarificar los dichos de Máximo Kirchner acerca de la violencia institucional y la represión de los gobiernos, en este caso durante las gestiones peronistas kirchneristas, tenemos el informe de Correpi, con 3.070 personas asesinadas por la represión estatal durante 2003-2015, teniendo a la Policía Federal y a la bonaerense como los principales ejecutores. La cifra representa el 65% del total de los casos de violencia institucional desde 1983.
Tanto Santiago Maldonado como Facundo Castro fueron víctimas de la violencia institucional encarnada por los gobiernos de turno, Maldonado con Macri, de Cambiemos, y Facundo con Alberto Fernández, del Frente de Todos. Esa es la realidad, por más que Máximo quiera hacer malabares para negarlo.
