El banderazo de este lunes 17 en el 170° aniversario de la muerte de José de San Martín fue aprovechado por Juntos por el Cambio y Macri, incluso con la presencia física de Patricia Bullrich, quien hasta salió con un discurso en “defensa de la patria” citando al libertador de América. ¿Se puede ser tan cínica? No tiene ninguna autoridad para decir nada la ex ministra defensora de los gendarmes de un gobierno que selló la dependencia y la entrega a través del pacto que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional.
Las invocaciones a la “defensa de la Constitución, las instituciones, la República o la libertad” son palabras que en boca de los convocantes se usan para defender la propiedad privada de la patronal Vicentin, para darle la espalda a los trabajadores de la salud que están en la primera fila –¿alguien los mencionó ayer?, por supuesto que no– y para no referirse a ninguno de los graves problemas sanitarios y sociales que agobian al pueblo trabajador. ¿Alguien escuchó al actor Luis Brandoni, dirigente de la UCR, decir algo por Facundo Castro? ¿Y sobre los pagos de la deuda a los buitres? ¿Hubo algún mensaje en defensa de las trabajadoras y trabajadores de Latam? Claro que no. Se habló de la “justicia” y de la “corrupción”. ¿Y cuando se le perdonó la deuda del Correo a Franco Macri? De eso no se habla ¿Y de los espías de la AFI del gobierno anterior? Menos aún.
De un lado tenemos, entonces, esta expresión reaccionaria y propatronal de Juntos por el Cambio. ¿Acaso eso significa que el gobierno peronista de Fernández está defendiendo los intereses de los trabajadores o atacando de alguna forma los intereses de las patronales? Ese puede ser el honesto interrogante de algún compañero de trabajo, estudio o vecino del barrio. Pero lamentablemente no es así, más allá de las diferencias entre los discursos de uno u otro sector.
Las peleas en las alturas entre el actual gobierno y el macrismo y la UCR no pasan por ver quién defiende a los sectores populares, ni en cómo combatir las dos pandemias, la del coronavirus y la del hambre, la pobreza, la inflación, los despidos y las suspensiones. Por eso entre ambos sectores votaron leyes que consideran “fundamentales”, como el pago a los fondos buitres, o la moratoria impositiva a las grandes patronales. Como contrapartida, nada para los más postergados. Son peleas pensando en futuras elecciones y sobre cuotas de poder, en especial en la Justicia. Por eso la consigna de la marcha fue “No a la reforma judicial”. Son disputas entre sectores políticos patronales. PRO y la UCR buscan, por ejemplo, mantener su base electoral de clase media conservadora, antiperonista de toda la vida.
Mientras tanto, a los jubilados se les sigue bajando sus ingresos, ahora con el gobierno peronista, así como sucedía antes con el gobierno de Cambiemos. La Gendarmería de Patricia Bullrich que actuó contra Santiago Maldonado tuvo las mismas directivas que ahora tiene la bonaerense, que hizo desaparecer a Facundo Castro bajo el mando de Berni-Kicillof. Con la expropiación de Vicentin se dio marcha atrás. Y el gobierno de Fernández nunca envió al Congreso lo que anunció como impuesto a la riqueza. La diferencia es que, antes, el gobierno de Macri reivindicaba lo actuado, y ahora el gobierno de Alberto Fernández usa un doble discurso “popular” para simular una cosa y hacer otra. Es decir, aplicar un ajuste, afirmando falsamente que gobierna para los más vulnerables.
Por eso hay que salir a enfrentar los planes del gobierno peronista de Fernández que, mientras continúa con su discurso “progresista”, deja correr los despidos en Latam, acuerda con los bonistas para seguir pagando la deuda, se apresta a negociar nuevos ajustes y reformas estructurales (laboral y jubilatoria) con el FMI, no le paga lo que les corresponde a los jubilados y sostiene, en acuerdo con la burocracia de la CGT y las CTA, los congelamientos de paritarias, las rebajas salariales y las centenas de miles de suspensiones y despidos.
Se impone apoyar todas las luchas, coordinarlas y evitar que queden aisladas, como lo venimos haciendo desde el sindicalismo combativo. Postular, a la vez, un programa de emergencia que enfrente las dos pandemias, la sanitaria y la social. Establecer un impuesto a las grandes riquezas, como lo sostiene el proyecto que presentó en el Congreso el Frente de Izquierda Unidad, con el que se podría recaudar 20.000 millones de dólares para volcar a la emergencia, otorgándoles 30.000 pesos a todos los desocupados y trabajadores informales que lo necesiten. Y dejando inmediatamente de pagar la deuda externa. Allí están los fondos para resolver las más urgentes necesidades populares.
Al mismo tiempo, en estas horas es urgente seguir apoyando a la mamá de Facundo, Cristina Castro, a sus familiares y abogados, repudiando el encubrimiento de la bonaerense, reclamando que se vaya Berni y que los responsables materiales y políticos de la desaparición paguen con la cárcel. Izquierda Socialista te invita a poner manos a la obra para estas tareas.
