Escribe Malena Lenta, comisión directiva AGD-Psicología, referente de Isadora-Mujeres en Lucha

El fallecimiento de la docente Paola De Simone reveló las precarias condiciones laborales de la docencia universitaria. Mientras tanto, el gobierno y los recortes pretenden seguir avanzando sobre los derechos laborales docentes. La burocracia sindical mira para otro lado.

La impactante noticia de la docente de 46 años que falleció cuando daba una clase virtual a estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa, el pasado martes 1º de septiembre, llegó a ser tapa de los diarios. Pero mientras surgían noticias valorizando su compromiso docente, lo que no se terminó de decir es algo evidente, Paola tenía Covid-19 hacía cuatro semanas. Sin embargo, ni en la universidad privada ni en la Universidad de Buenos Aires, donde también era docente, había logrado el derecho a licencia que le correspondía por enfermedad. Y eso no es una casualidad.

Desde el inicio de las medidas sanitarias de aislamiento social preventivo, tanto las universidades privadas como las públicas iniciaron un proceso de virtualización forzada del trabajo docente. Sin garantizar equipos, ni internet, ni capacitaciones, obligaron a la docencia a convertir en tiempo récord el dictado de clases presenciales en clases virtuales. La consecuencia fue el aumento cuantitativo y cualitativo de la carga del trabajo, es decir, hubo que dedicarle muchas horas extras de trabajo a la capacitación autogestiva para el manejo de las plataformas virtuales y la preparación de gran cantidad de materiales específicos para el trabajo con el nuevo formato. Además, todo se realizó en un contexto de pandemia en donde también se incrementaron las cargas del trabajo de cuidado doméstico. Y el costo se pagó con la salud física y mental de la docencia.

Pero no contentos con esta imposición, los rectores de las universidades, con anuencia del Ministerio de Educación y de las conducciones burocráticas de los gremios universitarios y preuniversitarios como Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Conadu (h), decidieron no garantizar los mínimos derechos laborales, como el derecho a la desconexión y, sobre todo, a las dispensas por cuidado de hijos e hijas menores de edad o familiares, ni las licencias por enfermedad. Por este motivo, Paola se encontraba trabajando a pesar de estar enferma y no pudo obtener la atención de salud necesaria en el momento en que la necesitaba para salvar su vida. Por eso decimos que la virtualización forzada es muerte.

Frenar el avance de la precarización

No obstante, este lamentable suceso puede no ser un caso extremo sino convertirse en una triste escena cotidiana. Organismos internacionales como la Unesco. en acuerdo con las multinacionales de software, están pujando para que la enseñanza a través de dispositivos virtuales se extienda luego de la pandemia. Y el propio Ministerio de Educación y los rectores de las universidades miran con agrado esta perspectiva mientras la burocracia se mantiene silente.

En los sectores de la educación donde rige la formación a distancia a través de plataformas virtuales desde antes de la pandemia, ya se ha instalado la contratación de docentes con vocación de servicio, es decir, a corto plazo y sin derechos laborales mínimos como licencias, vacaciones, aguinaldo, feriados, etcétera. Tampoco se garantizan los instrumentos de trabajo ni de conectividad.

Pero la virtualización no solo ahorra costos al desconocer el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria, sino que también fragmenta y aísla a los trabajadores y las trabajadoras de la educación superior, promoviendo prácticas pedagógicas acríticas y de peor calidad educativa que, además, suelen ser vigiladas por las autoridades institucionales. Y, al mismo tiempo, aumenta la brecha laboral de género, ya que al realizar el trabajo virtual en el espacio doméstico, incluso sin pandemia, son las mujeres las que sufren mayores interrupciones en la jornada laboral a causa de las demandas familiares y pierden todo derecho de licenciarse ante los requerimiento del cuidado familiar.

Nuestros derechos laborales son esenciales. Nadie debe morir en el trabajo. No a la precarización. Derrotemos el pacto del gobierno, los rectores y la burocracia sindical de la docencia universitaria.