Escribe José Castillo

Pasaron ya seis meses desde aquel lejano día de marzo en que comenzó la cuarentena. El gobierno peronista de Alberto Fernández, asustado ante la realidad de un sistema de salud devastado por décadas de ajuste e incapaz de dar respuesta a lo que venía, optó por la única salida que le quedaba, decretar la cuarentena en todo el país. Contó con el respaldo de todos los gobernadores de todos los partidos patronales, sin distinción, e incluso con la sobreactuación de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, que desde el comienzo se prestó a aparecer en las conferencias de prensa junto al presidente y el gobernador Kicillof.

Los sistemas nacionales y provinciales fueron desfinanciados por décadas, y los responsables son todos los partidos patronales, sin excepción. Esto cabe para los doce años del peronismo kirchnerista y los cuatro del macrismo. El discurso de Alberto Fernández, de los gobernadores y del jefe de Gobierno, fue que la cuarentena temprana iba a dar tiempo para “preparar el sistema”, construir nuevos hospitales y módulos de terapia intensiva y producir o comprar en el exterior los insumos básicos (respiradores, tapabocas profesionales, etcétera).

Los protocolos no respetados y la presión por la apertura de actividades

El pueblo trabajador respondió al diagnóstico que había que “guardarse” en casa con una disciplina ejemplar. Fueron las patronales las que, desde el primer día, “rompieron” la cuarentena. Y el gobierno quien, ya sea autorizando actividades o “haciendo la vista gorda”, lo permitió.

El primer problema se dio en las actividades esenciales, salud, alimentación y transporte. Las patronales arrancaron negando licencias a trabajadores en riesgo, no respetando los protocolos o, directamente, no entregando los insumos básicos necesarios. Un ejemplo paradigmático lo vimos con los trabajadores del ferrocarril Sarmiento, que lograron, tras dura lucha, que se respetaran los protocolos. Ya en esos primeros días también aparecieron denuncias y peleas en el mismo sentido de los propios trabajadores de la salud. Por ejemplo, Cicop logró imponer con la lucha contra el gobierno de Kicillof la creación de comités de crisis en cada establecimiento con participación de los trabajadores, lo mismo que la licencia para embarazadas.

A esto se sumó la presión de todas las patronales para que “su actividad” fuera habilitada, con un gobierno que, semana a semana, fue cediendo. Sectores de la industria y la actividad vinculada a la exportación, con diversas excusas, se fueron abriendo. Y sus trabajadores fueron obligados a transitar por las calles y asistir a los puestos de trabajo con el consiguiente riesgo de contagio.

La recesión y quién la paga

Era un hecho más que evidente que el cierre de actividades iba a tener consecuencias económicas. Las patronales “tomaron la iniciativa”, una larga ola de despidos y suspensiones empezó a extenderse. La respuesta del gobierno, y de la burocracia sindical, fue todo un ejemplo del doble discurso, “prohibió” por ley las suspensiones y los despidos… mientras que el Ministerio de Trabajo los avaló en acuerdo con la directiva de la CGT, que incluso firmó con la UIA un acuerdo para que se pudieran rebajar los sueldos 25 por ciento.

Al mismo tiempo, los que vivían de pequeños comercios, de changas, los vendedores ambulantes, los monotributistas, se quedaron de repente, de un día para el otro, sin ingresos. Explotó la realidad social de millones de marginados, sin comida, hacinados en viviendas sin las condiciones mínimas para poder cumplir la cuarentena.

Mientras la pandemia crecía continuaba la apertura

Los números siguieron en aumento. El motivo era claro, una parte era la consecuencia lógica, y ya advertida por los especialistas, de que finalmente el virus terminaría entrando con fuerza en nuestro país. Y que había que prepararse sanitariamente. Pero la otra mitad de la explicación, que poco a poco fue tornándose la más importante, era visible en las calles, cada día más gente, más actividad, más amontonamiento, menos posibilidades para respetar los protocolos y el distanciamiento social.

La propaganda oficial empezó a culpar a la “negligencia” de la gente. Se empezaron a multiplicar las noticias de situaciones donde se rompía la cuarentena ilegalmente y de ahí se generaba una cadena de contagios (asados, fiestas, etcétera). Más allá de que estos casos existieron, el verdadero motivo de la presencia de multitudes en las calles era otro, se iba a trabajar a aquellos lugares que los mismos gobiernos, nacional, provinciales y municipales, habían habilitado a pedido de las patronales. Otros fueron los millones que, desesperados, tuvieron que salir a la calle a “hacerse el mango” ante la insuficiencia del IFE, que terminó resultando de 5.000 pesos por mes por grupo familiar, o la nueva realidad de haberse quedado sin trabajo.

¿Qué pasó con el sistema de salud?

Mientras la “curva de contagio” subía, las famosas “inversiones” en el sistema de salud brillaban por su ausencia. Faltaba de todo, empezando por personal. Esto comenzó a hacerse visible por todos lados a medida que pasaban las semanas, crecían los casos de médicos y enfermeros contagiados –y un número importante de fallecidos– y del agotamiento al que se los sometía por las jornadas interminables de labor.

Finalmente, lo que todos temían empezó a producirse. Los “rebrotes” se empezaron a dar en todo el país. Hoy estamos al borde del colapso. El último mes terminó llevando la contradicción al extremo. Estamos, sin duda, en el momento más duro de la pandemia, vimos crecer en semanas los casos de 4.000 a 8.000, y luego a 12.000. Ya figuramos en las estadísticas mundiales como uno de los países con más casos por habitantes.

Contradictoriamente, también las estadísticas mundiales, midiendo por geolocalización de movimientos de celulares, nos dicen que somos uno de los países con más apertura y circulación en las grandes ciudades. La realidad es que ya casi toda la industria está trabajando y también un porcentaje altísimo del comercio. Millones atraviesan diariamente la capital y el conurbano para ir a trabajar. A eso se suma la realidad social, que se sigue complicando cada día más.

¿Qué se debe hacer?

Lo dijimos desde el primer día, y seis meses después lo reafirmamos. Hay que poner de verdad todos los recursos al servicio de atender las dos pandemias, la sanitaria y la social. Hacen falta ya, con una urgencia absoluta, más recursos, más infraestructura, más personal. Con sueldos acordes para poder cubrir todas las necesidades sin tener que salir a realizar diversos trabajos. Al mismo tiempo, hace falta un IFE de 30.000 pesos para todo el que lo necesite, de tal forma que se pueda vivir sin romper la cuarentena. Eso requiere dinero, que tiene que salir de un impuesto a las grandes riquezas como el que propone el Frente de Izquierda Unidad, y del no pago de la deuda externa.

Al mismo tiempo, hay que terminar con las reaperturas indiscriminadas de actividades, volver a las exclusivamente esenciales y prohibir, de verdad, las suspensiones y los despidos, estatizando toda empresa que viole esta disposición.

Finalmente, tenemos que centralizar todo el sistema de salud, en camino a su nacionalización, para poner todos los recursos, hoy divididos entre públicos y privados, a disposición de la emergencia.