El gobierno peronista de Alberto Fernández lleva nueve meses de gestión, seis en medio de la pandemia. Período suficientemente extenso para ver quién ganó y quién perdió. Los pulpos acreedores de la deuda externa se llevaron 4.500 millones de dólares en efectivo. Y luego tuvieron una más que favorable, para sus intereses, renegociación de la deuda. A las patronales el gobierno les financia el 50% de los salarios que deberían pagar, mientras tienen vía libre para despedir y suspender.  Los bancos siguen obteniendo superganancias. Del otro lado, los salarios y las jubilaciones siguen perdiendo frente a la suba de precios y millones se ven obligados a sobrevivir con los 10.000 pesos por bimestre del IFE. Ahora la inflación se prepara a pegar un nuevo salto después de la suba de las naftas y la devaluación del peso de la semana pasada. La presentación del presupuesto nacional 2021 nos indica que, sobre este ajuste, el gobierno se prepara para implementar uno mayor aún, según le exige el Fondo Monetario Internacional, con el que ya ha iniciado negociaciones. El balance es claro, ganaron los usureros de la deuda, los banqueros y las patronales; perdió el pueblo trabajador. Frente a esta realidad, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda decimos que es urgente la implementación de otro plan económico, obrero y popular, que dé vuelta las prioridades y pase a atender las urgentes necesidades del pueblo trabajador. 

Mientras en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios y en las familias las preocupaciones se centran en cómo enfrentar la pandemia sanitaria del coronavirus y la otra pandemia, la de sus consecuencias sociales, en “las alturas de la política” la discusión y los intereses van por otro lado, totalmente ajenos a las preocupaciones populares. Así, tenemos la pelea entre Alberto Fernández y Larreta por los fondos de la coparticipación, o por cómo “diferenciarse” ante las medidas de la cuarentena. La vicepresidenta Cristina Fernández, por su parte, tiene como principal preocupación la remoción de los tres jueces que llevan adelante las causas por corrupción en su contra. Del otro lado, la oposición patronal de Juntos por el Cambio sigue fogoneando las “marchas por la república”, pequeñas, minoritarias y reaccionarias. Que, como contrapartida, le sirven a los periodistas de los medios oficialistas para agitar “contra la derecha” y denunciar fantasmales “desestabilizaciones”. Digamos de pasada, como explicamos más abajo, que esto también es aprovechado por la burocracia sindical como excusa para llamar a apoyar al gobierno mientras no mueve un dedo por los aumentos salariales.

Frente a todo esto, la vida real sigue por otro rumbo. La pandemia continúa con todo, con sus lamentables informes diarios de contagiados y fallecidos. Ahora volcándose con fuerza sobre el interior del país. Los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de esta batalla, que han visto morir a muchos de sus compañeros por el virus, que siguen cobrando salarios de miseria, “recibieron” algo por primera vez, palos. Esa fue la respuesta de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de Larreta frente a las trabajadoras y los trabajadores de enfermería que reclamaban lo elemental, ser reconocidos como profesionales.

La toma de tierras en Guernica desnuda la realidad de la pobreza profunda, de la marginación de millones que, en estos meses, perdieron hasta sus humildes lugares donde vivían. En invierno, bajo la lluvia, las precarias construcciones son una denuncia viva de las cuatro millones de viviendas que constituyen el déficit habitacional de nuestro país. La respuesta del gobierno nacional y del de la provincia de Buenos Aires, tras haberse garantizado la presencia policial con los aumentos que le otorgaron a la fuerza, es la represión. La firmeza de la resistencia de los ocupantes, la solidaridad del sindicalismo combativo y la izquierda y las denuncias de lo que se venía lograron que, momentáneamente, el gobierno y el juez interviniente tuvieran que dar marcha atrás y parar el desalojo esta semana. Un importante avance parcial al que habrá que seguir cimentando con la movilización en los próximos días.

La velocidad con que el gobierno respondió al reclamo policial de la provincia de Buenos Aires primero, y la devaluación, la suba de combustibles y la aceleración de la inflación inmediatamente después, pusieron más al orden del día que nunca el reclamo de un aumento salarial de emergencia y de la reapertura de las paritarias. Lamentablemente, los burócratas de la CGT y las CTA siguen llevando adelante la política del gobierno. Como se está viendo en los casos de la UOM o Comercio, se quiere arreglar la pulverización de los salarios con algunas sumas fijas, pateando cualquier discusión sobre recomposición salarial de lo perdido para el año próximo. La máxima preocupación de la CGT es conseguir un aumento de los descuentos salariales para las obras sociales, o ver si organizan un acto de apoyo al gobierno para el 17 de octubre.

¿Cómo enfrentar toda esta realidad? Luchando, movilizándose, apoyando todas las luchas en curso y brindándoles solidaridad y coordinación para que triunfen. Porque si se lucha se puede ganar, como acaban de demostrar los docentes de Misiones, que obtuvieron un importante aumento salarial, o los trabajadores del Sutna, que lograron un 37% en su paritaria. En esta dirección, la semana que terminó tuvimos la jornada del sindicalismo combativo, la marcha en defensa de la toma de Guernica y la movilización de los trabajadores de la salud. Este es el camino para pararle la mano al ajuste del gobierno de Fernández y el FMI.

A esto tenemos que agregarle otras luchas que se abren paso en el mundo, a pesar del coronavirus. Así, el próximo 25 también en nuestro país nos movilizaremos en el marco de la Jornada Mundial por el Clima. Y el 28, el movimiento de mujeres volverá a decir presente exigiendo el aborto legal, vergonzosamente cajoneado por el gobierno de Alberto Fernández.

Mientras damos todas estas peleas, es fundamental que también postulemos políticamente, como decíamos al principio, que sí hay otra salida. Un programa económico diferente, obrero y popular, que arranca de un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar (calculada en 72.000 pesos por los trabajadores de ATE-Indec), por un IFE de 40.000 pesos, por plata para atender la emergencia en salud (empezando por los sueldos de sus propios trabajadores), entre otras medidas urgentes. Todo financiado con la plata que existe, solo que está en manos de los multimillonarios y las grandes empresas, o destinada al FMI y los pulpos acreedores. Hay que sacarla de ahí imponiendo un impuesto de verdad a las grandes riquezas y suspendiendo el pago de la deuda externa. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad te invitamos a sumarte a luchar por este programa.