Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Nuevamente, los gobiernos volvieron a cerrar filas contra los docentes y las familias y habilitaron la posibilidad del retorno a las escuelas. En CABA, la ministra Soledad Acuña anunció el retorno progresivo a las aulas o a los patios de las escuelas y montó la payasada de dar dos horas de clases a dieciocho alumnos (sí, 18), de dos escuelas técnicas. Era el tan mentado “retorno a las escuelas”. Ridículo.

Lo irónico es que mientras los peronistas kirchneristas y los sindicatos de Ctera critican duramente a Larreta y Acuña por su irresponsabilidad e improvisación, tratan de desconocer que quien aprobó el protocolo de retorno a clases fue Trotta, o sea Alberto Fernández. Y no es el único caso. Kicillof en la provincia de Buenos Aires lanzó el programa ATR para que miles de docentes y estudiantes de profesorados vayan a las casas de los alumnos, lo que sin dudas acrecentará la circulación del virus, cuando el promedio semanal de contagios supera los 14.000 casos y centenares de fallecidos diarios.

También lo están impulsando en otras provincias porque la decisión es del gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández y Trotta, en el Consejo Federal de Educación, con los ministros de Educación de todas las provincias, peronistas y de Cambiemos, desnudando que en esta cuestión tampoco hay grieta.

Es que la escuela es quizás el último lugar donde aún hay cuarentena y la política de Alberto y los gobernadores es que todo vuelva a la “normalidad”, que nadie deba quedarse en casa y no ir a trabajar con el argumento de que “hay que aprender a convivir con la pandemia”. Eso solo podrá generar un aumento exponencial de contagios y muertes.

Muchas familias tienen dudas de mandar a sus hijos a las escuelas, conociendo mejor que nadie en qué condiciones se encuentran y por el gran número de casos diarios, pero además porque junto con los docentes se preguntan quiénes se harán responsables de semejante decisión.

El ministro Trotta plantea que la decisión de volver a clases presenciales es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Pero estos la delegan en las direcciones de las escuelas. Y además dicen que cada familia podrá definir si sus hijos asisten o no. Esto quiere decir que, si algún niño se contagia o transmite a los grupos familiares el virus, será consecuencia de la decisión de la familia y no del gobierno que adoptó la medida.

Nuevamente vemos cómo se repite el abandono, de parte de los gobiernos, de la educación pública y de nuestros pibes. ¿Por qué creer que un gobierno que durante seis meses no escuchó el reclamo de las maestras y las familias sobre la necesidad de contar con computadoras y conectividad para garantizar la continuidad pedagógica ahora se preocuparía por ellos?

Necesitamos que el gobierno garantice la conectividad y las herramientas tecnológicas para seguir estudiando desde las casas mientras invierte fondos para poner en condiciones los edificios escolares y que haya la cantidad necesaria de docentes y auxiliares en cada establecimiento. Para esto es necesario no pagar la deuda externa y dejar de subsidiar a las escuelas privadas.