Escribe José Castillo

Un coro parece haberse puesto de moda. Lo repiten los periodistas de todos los medios de comunicación, oficialistas y opositores: “Hay que respetar la propiedad privada”. Todos los políticos de los partidos patronales salieron a reafirmarlo. Se transformó en una muletilla que escuchamos de los funcionarios del gobierno del Frente de Todos, el propio presidente Alberto Fernández, Larroque, Kicillof o Berni. Y por supuesto, en la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Después de la represión en Guernica todos festejaron, se reafirmó el “principio inalienable de defensa de la propiedad privada”.

Pero lo que no se dice es que, una vez más, como siempre, lo que se defiende es la propiedad privada de los ricos, de las grandes empresas, de los terratenientes. A costa de la permanente violación de dicha propiedad para los trabajadores y demás sectores populares. ¿Acaso cuando a un trabajador se le niega un reajuste salarial ante la inflación no se le está robando?, ¿y a los jubilados? Toda una vida de aportes y ese dinero, su dinero, se traduce en haberes de miseria.

Millones de trabajadores están en negro. O tercerizados. Se les roban los aportes jubilatorios, que las patronales no depositan. Se los echa sin pagarles indemnización. No se les pagan las horas extras ni las vacaciones. ¿No es acaso eso un robo? ¿No es acaso eso ausencia de respeto a la “propiedad privada” del trabajador, a lo que éste ganó con el fruto de su propio trabajo?

Los grandes emprendimientos inmobiliarios se apropian de enormes extensiones de tierras que no les pertenecen, incluso cierran calles y las hacen “privadas”, violan todas las disposiciones. Lo hizo el Grupo Clarín en sus dos plantas y debajo de la autopista dónde se ubica TN-Canal 13, en CABA, sucede en Lago Escondido, o en Nordelta, construido ilegalmente sobre un humedal, por citar sólo algunos ejemplos.  

Fue violación a la propiedad regalar todo nuestro patrimonio nacional a cambio de “papelitos de deuda” sin valor, a las empresas privatizadas para que se dediquen a saquear nuestras riquezas. ¿No es acaso la más escandalosa falta de respeto a la propiedad privada de todo el pueblo trabajador los miles de millones de dólares que salen todos los años para pagar una deuda externa fraudulenta, ilegal, generada por la dictadura y “legalizada” y pagada por todos los gobiernos posteriores?

En décadas de ajustes se perdieron empleos, casas,  millones se fundieron, teniendo frustradas sus expectativas y las de sus hijos. Vieron esfumarse su propiedad privada, la juntada con muchos años de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, en manos de los capitalistas especuladores, de los banqueros y de las grandes patronales.

Hablemos de Guernica

A las familias que se habían instalado en los terrenos ya se les venía no respetando el derecho a una vivienda digna previamente sin que a ningún gobierno pareciera importarle. Luego, en la represión, se violó incluso su escasa propiedad privada: postes de madera o metal comprados con mucho sacrificio, colchones, e incluso juguetes de los niños que fueron destruidos, quemados y aplastados por las topadoras.

¿Del otro lado quién estaba? Dueños reales, legítimos, con escrituras y papeles en regla nunca aparecieron. Finalmente, una investigación de la revista Crisis dio con quien pretendía ser el “dueño”, una empresa llamada Bellaco S.A., que había “adquirido” el terreno en tiempos de la dictadura militar. Su titular, César Emilio Pérez Pesado, era funcionario en esos años, e incluso acompañó al dictador Videla en giras al exterior. Hoy la empresa, luego del fallecimiento de Pesado, está en manos de sus sucesores que, sin embargo, hace años que no pagan los impuestos del terreno en cuestión. Esa fantasmal empresa es la que reclama por “sus” derechos de propiedad.

Qué propiedad defendemos

Desde Izquierda Socialista afirmamos que estamos por la más absoluta y estricta defensa de la propiedad de la clase trabajadora, del que vive de changas, del profesional, del artesano, del pequeño productor o comerciante. De lo que se obtiene con el esfuerzo de su propio trabajo. Más aún, queremos que prospere y se desarrolle, que mejore su situación económica para él y sus hijos. Que tenga una vivienda digna, salud y educación pública de calidad y un salario que cubra todas sus necesidades.

Para garantizar el real acceso a la propiedad privada a los que hoy están “privados de propiedad”, hay que terminar con los privilegios de los ricos, de las grandes patronales. De los que, incluso, llaman “su” propiedad privada a lo que se apropiaron violando las mismas leyes que luego exigen que se defiendan a favor de ellos. Sin duda, hay que expropiar a los que previamente expropiaron al propio pueblo trabajador. A los banqueros, para que haya banca nacionalizada y crédito para los sectores populares. A los grandes terratenientes y monopolios agroexportadores, para que el pueblo trabajador pueda acceder a la tierra. A las empresas de servicios públicos privatizados, para que haya tarifas accesibles y servicios de calidad. Terminar con los grandes especuladores inmobiliarios, para construir viviendas populares y resolver el déficit habitacional. Sí, “violar la propiedad” de los buitres de la deuda externa para garantizar la propiedad necesaria para que cada familia popular pueda, dignamente, tener una vida que merezca ser vivida. Eso, exactamente, es lo que planteamos hacer desde un gobierno de los trabajadores construyendo el socialismo.