Escribe Adolfo Santos
Uno de los sectores más afectados por las restricciones impuestas por la pandemia es el del pequeño comercio. Nos referimos a los pequeños comerciantes, dueños de talleres mecánicos, kioscos, librerías, negocios de indumentaria, entre otros. La situación está a la vista. Basta recorrer los barrios de Capital o el Gran Buenos Aires para ver la cantidad de locales desocupados que reflejan la falta de medidas de apoyo del gobierno y que llevaron al aumento del desempleo.
Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), desde que comenzó la pandemia hasta diciembre de 2020, en todo el país cerraron 90.000 comercios minoristas y quedaron millares de trabajadores desocupados. en estos meses de 2021, la tendencia no se detuvo. No son solo las dificultades generadas por las restricciones impuestas por el gobierno, también hay que considerar la caída de las ventas por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la presión impositiva y de los alquileres, que no afloja.
Hasta ahora el gobierno ha dedicado sus principales esfuerzos a salvar a los grandes empresarios. El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), auxilió sólo marginalmente a los pequeños comerciantes y cuentapropistas, yendo en su mayoría a parar a los cofres de Clarín, Acindar, Galeno, Ledesma, Burger King y las multinacionales Volkswagen, Toyota, Ford, Renault, Peugeot Citroën y Mercedes-Benz. Inconcebible. Estas empresas han facturado muchísimo en los últimos años, algunas enviaron remesas a sus matrices en el exterior y otras despidieron trabajadores. Es la demostración clara de que el gobierno de Alberto Fernández está al servicio de los grandes empresarios.
Exigimos que se implemente de forma urgente un plan de salvataje a los pequeños comerciantes y cuentapropistas. Que, con el compromiso de no despedir a sus trabajadores, se otorguen créditos a tasa cero a los que se pueda acceder rápidamente para evitar la ruina de este sector, que se suspendan el pago de impuestos y tasas y que se condonen las deudas impositivas pendientes. En el caso de tratarse de cuentapropistas, que tengan acceso a un ingreso social mensual de 59.000 pesos, del mismo modo que todos los que realizan changas u otras actividades por cuenta propia hoy perjudicadas por la pandemia.
