Mar 29, 2024 Last Updated 2:20 AM, Mar 28, 2024

Los salarios y las jubilaciones pierden por goleada frente a la inflación

Publicado en El Socialista N° 496
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Escribe Guido Poletti

La inflación de marzo, cuyo dato se conocerá el próximo jueves, volverá a estar en promedio alrededor de 4% (las proyecciones privadas dicen entre 3,9% y 4,5 por ciento). Con esto el gobierno acumula en el primer trimestre una suba de precios de 13%, cuando presupuestó para todo el año 2020 29 por ciento. 

Pero esto no es lo peor, el rubro alimentos y bebidas, el que más pega en el bolsillo del trabajador, volvió a subir en marzo otro 6%, a lo que tenemos que sumarle el fuerte ascenso de todos los precios de los bienes vinculados con la educación en el comienzo de las clases.

El gobierno “hace como que lucha” contra la carestía, pero son todas bombas de humo. La guerra de frases entre la secretaria de Comercio, Paula Español, y las cámaras patronales no sirve de mucho, si no se aplican de verdad precios máximos y se los controla con todo el peso de la Ley de Abastecimiento (que autoriza a clausurar, incautar mercadería y hasta expropiar a quien viole las disposiciones). De lo contrario los artículos seguirán subiendo en las góndolas. Ni “precios máximos” ni “precios cuidados” lograrán evitarlo frente a empresarios que se ríen en la cara de las reglamentaciones, cambiando etiquetas, presentaciones, o poniendo 10 o 20 gramos más o menos para justificar que “no es el producto de la lista” y por lo tanto su precio no está congelado. 

El gobierno del Frente de Todos, además, aporta lo propio a la inflación, autorizando subas de aquellos precios que están regulados. Así, acaba de permitir un incremento de 18% en el gas en garrafa, el que consumen los sectores más pobres, allí donde no llega la red de gas natural. O, por dar otro ejemplo, autorizó otra suba de un 10% para las prepagas.

Salarios: lo que se perdió… y lo que se sigue perdiendo

Los trabajadores hemos perdido entre 25% y 30% del poder adquisitivo de nuestro salario en los últimos tres años. Hoy en día el salario promedio en nuestro país es de 42.000 pesos, cuando según los trabajadores de ATE Indec la canasta básica asciende a 88.729 pesos. ¡Más del doble! Todo esto empeorado por el hecho de que muchísimos trabajadores en negro o precarizados cobran mucho menos que ese promedio.

En 2021 la situación no va a mejorar. El gobierno de Alberto Fernández, con la complicidad de la burocracia sindical de la CGT y las CTA, promueve acuerdos paritarios que no superen 33% o 34% (y encima en cómodas cuotas), diciendo cínicamente que así habrá una “recuperación del poder adquisitivo” contra una hipotética inflación de 29%, cuando todos sabemos que el índice de suba de precios nunca va a ser menor a 40 por ciento.

Los jubilados son una vez más el pato de la boda

Se trata de “los ajustados de siempre”. Después de una vida de trabajo, quedan sometidos a ingresos de miseria. Con 4 millones y medio de jubilados cobrando la mínima de 20.500 pesos (y a lo sumo sumándole un bono no remunerativo de 1.500 pesos en abril y mayo), este monto apenas alcanza a cubrir un tercio de la canasta de la tercera edad, calculada en 64.039 pesos. Eso es peor aún si tomamos en cuenta que hay otro millón y medio que cobra pensiones no contributivas (por discapacidad), o la pensión universal para adultos mayores (PUAM) que está entre el 70% y el 80% de la mínima, recibiendo apenas 16.647 y 14.400 pesos respectivamente. 

La situación se completa con otros dos millones de jubilados que, percibiendo montos por encima de la mínima, tienen haberes cercanos a los 40.000 pesos, también por debajo de la canasta de la tercera edad. En síntesis, estamos hablando de 7 millones y medio de personas adultas mayores sumidas en la pobreza.

¿Cuál es la salida?

La situación es insostenible. Hay que exigir un inmediato aumento de emergencia de salarios, generalizado, para todas y todos los trabajadores, para que nadie gane menos que los 88.729 pesos del valor de la canasta familiar. Al mismo tiempo, hay que reabrir todas las paritarias, sin tope ni techo y plantear que todos los salarios deben actualizarse mensualmente de acuerdo con el costo de vida. 

Al mismo tiempo, ningún jubilado debe ganar menos que el valor de la canasta de la tercera edad, de 64.000 pesos, también actualizado mensualmente por inflación. Y se debe implementar el 82% móvil para que los haberes sean acordes a los de los salarios en actividad. 

A todo esto se le debe agregar una auténtica batalla contra los abusos de las patronales con los valores de los productos en las góndolas, fijando un control de precios máximos de verdad sobre todos los artículos de primera necesidad y aplicando las duras sanciones que establece la Ley de Abastecimiento para quienes la violen. 

De esta forma, estaremos dando pasos en serio para que la crisis la paguen quienes se están beneficiando con la emergencia y no el que la sufre, el pueblo trabajador.

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