La segunda ola del coronavirus está a plena, y llevando la situación sanitaria a un límite nunca visto. Ya orillamos los 30.000 casos diarios, récord absoluto desde que comenzó la pandemia. En el AMBA la situación es catastrófica, con las terapias intensivas cercanas al 100%. Los números y la velocidad de los contagios, el aumento de las muertes, están colocando a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano en el tope mundial entre las regiones con mayor crecimiento de la pandemia en el mundo.
Frente a esta dramática realidad, aparece la pregunta obvia: ¿qué hace el gobierno del Frente de Todos? Le dedica horas a reuniones para decidir si se postergan o no las fechas de las PASO. Y está dedicado a las negociaciones del ministro Guzmán con el FMI y los países acreedores. Mientras tanto, las medidas tomadas para restringir la circulación, e incluso algunas nuevas que se anunciarían este viernes, no tocan lo esencial: todo sigue abierto para que las patronales sigan ganando. Por eso, millones día a día arriesgan sus vidas en medios de transporte a tope porque tienen que ir a trabajar; y las calles están llenas de personas a los que no les queda otra alternativa que salir a ganarse el peso vendiendo algo, o haciendo changas. En forma increíble, tanto el presidente Alberto Fernández como la ministra de Salud Carla Vizzotti insisten en echarle la culpa a la gente, a la que acusan de “irresponsable” o de “organizar reuniones”, cuando la inmensa mayoría de los que se amontonan lo hacen en los transportes públicos, en los propios lugares de trabajo o en las escuelas, donde muchas veces no se cumplen las más mínimas medidas sanitarias.
La otra gran responsabilidad del gobierno nacional es con respecto a las vacunas. Estamos a las puertas de que llegue el frío y ni siquiera se terminó de vacunar al personal esencial de la salud. Hay millones de personas de riesgo que siguen esperando a que se les de un turno. En provincias enteras falta vacunar a la mayoría del personal docente. Y, lo peor, es que a este ritmo en pocos días directamente se acaban las vacunas. El gobierno es el gran responsable. Porque nos dice que el problema es la crisis mundial de la falta de vacunas, que existe sin duda, pero en nuestro país es una media verdad. Porque en Garín, Hugo Sigman, propietario de la planta mAbxience, está produciendo millones de dosis. Pero que no se destinan a nuestro país, sino que, como son propiedad de AstraZeneca, se dirigen a los Estados Unidos, mientras nosotros seguimos esperando. Y el Frente de Todos, con el argumento de que no se puede hacer nada porque cualquier intervención sería “violar la propiedad privada”, deja que se vayan y así condena a miles al contagio.
La oposición de Juntos por el Cambio no se queda atrás en su absoluta irresponsabilidad ante la segunda ola. Es tan o más aperturista que el gobierno nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, donde los indicadores de crisis sanitaria están al rojo, Rodríguez Larreta lo minimiza y no está dispuesto a dar un solo paso que implique que los empresarios dejen de ganar siquiera una moneda. Es el gran campeón del “todo abierto”, incluyendo escuelas, shoppings, espectáculos y otros lugares de contagio.
El pueblo trabajador, obviamente asustado por el aumento de casos y más que preocupado por lo imposible de seguir tolerando la situación económica, debate que hacer en barrios, fábricas, escuelas y oficinas. Los docentes de la ciudad de Buenos Aires, encabezados por Ademys, pero arrastrando también al oficialista UTE, salen al paro contra la presencialidad en las escuelas, a todas luces ya insostenible. En provincia de Buenos Aires, también habrá huelga motorizada por los Suteba multicolores. En Neuquén los trabajadores autoconvocados de la salud están llevando adelante una lucha heroica por sus salarios, que tiene en vilo a la provincia, con acciones en todos los pueblos y ciudades y con cortes de rutas en los puntos estratégicos.
La situación sanitaria y sus consecuencias sociales van camino a empeorar en los próximos días. Hace falta un auténtico plan de emergencia. Necesitamos que se pueda vacunar a todo el mundo ya mismo, empezando por el personal esencial y las personas de riesgo. Para hacerlo la única salida es incautar las dosis de Garín, intervenir la fábrica y producir los millones de vacunas que hacen falta. Esto coincide con el reclamo mundial de que se suspendan las patentes de las transnacionales farmacéuticas que monopolizan las vacunas y demás medicamentos necesarios para atender la pandemia. Por eso, este miércoles 14, Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad harán un acto exigiendo dicha suspensión, en el mismo momento en el que el tema se estará tratando en la Organización Mundial de Comercio. A la vez, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) realizará actos similares en otros países.
Pero, además de las vacunas, la segunda ola exige destinar prioritariamente los recursos a atender la situación sanitaria. Hay que nombrar más personal sanitario y más insumos e infraestructura. Y también aumentar los salarios del sector, hoy por debajo del límite de pobreza.
También se necesitan fondos para atender la pandemia social, dándole una respuesta a los millones de nuevos desocupados y pobres. Alberto Fernández, vergonzosamente, dijo que “no hace falta un nuevo IFE”. ¡Por supuesto que sí! Debe haber un salario social de 59.000 pesos para todo el que lo necesite, además de ayuda para los pequeños comerciantes, e incremento de las partidas de comedores, tarjeta Alimentar y planes sociales.
Para poder llevar adelante este programa de emergencia hay una única alternativa, la que propone Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, e implementar un auténtico impuesto a las grandes riquezas. Única forma de tener todo el dinero necesario para así atender las más urgentes necesidades populares.
