Escribe Martín Fú
 
El anuncio de las nuevas medidas ha puesto nuevamente en lugar central el papel de las fuerzas de seguridad. En marzo de 2020, cuando comenzó a regir el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), los casos de violencia institucional y la represión aumentaron estrepitosamente a pesar de la menor circulación en las calles. Informes de la Correpi y Amnistía Internacional desnudaron el alto impacto represivo que tuvo, principalmente en la juventud. Desde marzo hasta agosto de 2020, se registraron noventa y dos asesinatos a manos del aparato represivo estatal.

Detenciones arbitrarias seguidas por excesos como apremios ilegales, casos de gatillo fácil, desapariciones o simulación de enfrentamientos fueron el resultado de procedimientos que buscaban “hacer cumplir la cuarentena”. El caso de Facundo Astudillo Castro, ocurrido en abril de 2020, detenido por un control policial y luego desaparecido, mostró la “mano dura” de la policía bonaerense de Berni y Kicillof –a la cabeza en la cantidad de casos–, lo que también se replicó a lo largo del país por las policías provinciales y fuerzas como Gendarmería, Prefectura, la Federal o la PSA.

La pandemia no se combate con más policías o gendarmes en las calles. Que la violencia institucional no alimente la otra pandemia, la de los crímenes contra el pueblo trabajador.