Escribe José Castillo

“No hay motivos para otorgar otro IFE”. Esta afirmación increíble salió hace apenas diez días de la boca del mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández. Con la pobreza por arriba del 42% y en medio de la segunda ola del coronavirus, ahora el gobierno del Frente de Todos intenta tapar el ostensible ajuste sobre las partidas sociales con el otorgamiento de un bono de 15.000 pesos a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los monotributistas de las categorías más bajas (A y B), que residan en el AMBA. Según declaraciones de la titular de la Anses Fernanda Raverta, esto alcanzará a “casi” un millón de personas, por un monto total de 13.900 millones de pesos.

Para ilustrar la insuficiencia de la medida, basta con compararla con el IFE que se pagaba el año pasado. Este alcanzaba a nueve millones de beneficiarios, y aún siendo extremadamente insuficiente, implicó que el estado gastara 90.000 millones de pesos por cada cuota del mismo (fueron tres, por un monto total de 270.000 millones). Los números saltan a la vista: ahora se está destinando para el bolsillo del pueblo trabajador afectado por la pandemia ¡18 veces  menos! Y será  cobrado por 8 millones de personas menos.
Todo esto es parte del ajuste que se plasma en el presupuesto nacional de este año, redactado a pedir de boca del FMI, para mostrarle a este organismo el “ahorro” que permitiría reducir el déficit fiscal y así garantizar los pagos de deuda.
Los números ya van quedando a la vista: la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional   muestra que el gasto destinado a las asignaciones familiares y por hijo se redujo 15,5% en términos reales (teniendo en cuenta la inflación) en los tres primeros meses de ese año, comparados con igual período de 2020.

El Frente de Todos quiere esconder estos datos diciendo que dicho retroceso fue “compensado”con el aumento de otras partidas sociales. Pero es una vulgar mentira. Veamos: para planes sociales (programa Potenciar Trabajo) se destinó 31.912 millones de pesos, para políticas alimentarias 29.251 millones, al Repro II 14.012 millones y a salarios complementarios 10.296 millones. Todo sumado da 85.471 millones.¡Menos que una sola cuota del IFE, borrado de un plumazo en 2021!

La pandemia social arrecia y la segunda ola del coronavirus se agrava día a día. Es más urgente que nunca terminar con este ajuste a las partidas sociales, implementando un salario social de emergencia para todo el que lo necesite de 59.000 pesos. Con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa o con un impuesto a las grandes fortunas de verdad (a diferencia del actual) alcanzaría y sobraría para financiarlo.