El crecimiento de contagios producto de la segunda ola del coronavirus está provocando un auténtico colapso sanitario. Cada vez son más las personas con síntomas que no logran ser atendidas, ante el desborde de los servicios sanitarios. Las unidades de terapia intensiva están al límite. Mientras se dan estas situaciones dramáticas, la discusión de la presencialidad en las escuelas del AMBA desbordó totalmente la manipulación electoral con que pretendieron manejarlo tanto el presidente Alberto  Fernández como el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta. La no presencialidad fue impuesta por la bronca creciente de los docentes, que se reflejó, entre otras cosas, en los paros de la semana pasada. Y cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó la vuelta a la presencialidad se provocó una auténtica rebelión, con paros masivos y asambleas de 1.000 docentes, como la que se dio en Ademys. La suspensión de clases presenciales en provincia de Buenos Aires y la pelea abierta en CABA les dio la razón a las y los trabajadores de la educación que venían explicando que era una locura empujar a millones de alumnos, docentes y padres a estar en las aulas a cualquier costo, en medio del crecimiento de los contagios y cuando las escuelas no estaban preparadas.

Pero mientras Alberto Fernández y Larreta siguen haciendo declaraciones, jugarretas jurídicas y pedidos de intervención de la Corte Suprema, a la vez que miran como todo eso les “mide” en términos de encuestas preelectorales, la realidad se impone incluso fuera del AMBA. Las y los trabajadores de la salud de Neuquén están llevando adelante una fuerte lucha con gran apoyo popular, con movilizaciones en toda la provincia y cortes de ruta en la estratégica zona de Vaca Muerta, rechazando el 15% de aumento que se les quiere imponer después de más de un año sin reajustes. Se trata de trabajadoras y trabajadores de la salud en plena pandemia, dejados solos por la burocracia de la CGT, que no toma ninguna medida de lucha para romper su aislamiento. Una vez más, sólo el sindicalismo combativo y la izquierda se hicieron presentes, llevando su solidaridad y apoyo incondicional.

Ante la evidencia de la segunda ola del Covid-19, Alberto Fernández anunció improvisadamente la semana pasada una serie de medidas totalmente insuficientes y parciales. Lo hace cuando gran parte del sistema de salud ya se encuentra colapsado. Hay que señalar la responsabilidad del gobierno en todo lo que está sucediendo. Hasta hace menos de una semana, el gobierno le venía echando la culpa a la gente que “no se cuidaba”. Cuando desde hace un año tanto el gobierno como la oposición de Juntos por el Cambio habilitaron que se trabaje en prácticamente todas las actividades, provocando las aglomeraciones que vemos todos los días en trenes y colectivos. No es cierto que las patronales cumplan con los protocolos y en las fábricas “nadie se contagia”, cómo afirmó increíblemente el propio presidente Fernández. En Toyota y Volkswagen, por citar dos ejemplos, hubo que cerrar turnos completos por la cantidad de casos positivos.

Alberto Fernández llegó a decir también que hay un “relajamiento del sistema de salud” y la ministra Vizzotti acusó de “irresponsables” a las y los trabajadores del sector. Ante el repudio generalizado a estas declaraciones, quisieron arreglarlo anunciando el otorgamiento de un bono miserable de 6.500 pesos, cuando hay todavía quienes tienen pendiente de cobro el pago anterior otorgado el año pasado.

Los anuncios de medidas para paliar las consecuencias sociales de la pandemia también son claramente insuficientes. Se insiste en que no hace falta reponer el IFE, pretendiendo reemplazarlo por un pago de 15.000 pesos por única vez para la AUH, que representan apenas 100 millones de dólares, ¡cuando pagó de deuda externa 60 veces más desde que asumió! Tampoco hay anuncios para asistir a los talleres, kioscos y pequeños comercios. El gobierno sigue empujando a que millones tengan que salir a buscarse el sustento sin tomar medidas para que se pueda, por lo menos, aminorar la circulación por las calles.

Lo venimos diciendo desde hace meses: hacen falta, ya con carácter más que de urgencia, tomar medidas de fondo. Hay que poner toda la plata que haga falta para fortalecer la infraestructura sanitaria, incorporando más trabajadoras y trabajadores de la salud, pagándole salarios que les permita alcanzar la canasta familiar.

Al mismo tiempo, se tienen que tomar todas las medidas sociales frente a la pandemia social, con el 42% de la población en la pobreza. Es necesario un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, hoy una vez más pulverizados por el aumento de la inflación. Ningún trabajador activo debe ganar menos que el valor de la canasta familiar, ya en 85.590 pesos según los cálculos de la Junta Interna de ATE-Indec y ningún jubilado menos de 64.039, el valor de la canasta de la Tercera Edad. A esto tenemos que sumarle que todo aquel que lo necesite, por haber perdido sus fuentes de ingresos, debe poder acceder a un IFE o salario social de 59.000 pesos. En el marco de esta pelea, el próximo 27, día en que se reúne el Consejo del Salario Mínimo, el Plenario Sindical Combativo realizará una jornada para exigir su aumento y denunciar la traición de la burocracia sindical y su pacto con el gobierno.

Tomar estas medidas elementales requiere de un dinero que existe. Hay que suspender los pagos de la deuda externa y romper el acuerdo con el FMI. E imponer reales impuestos especiales a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas. ¡Ahí está la plata que se necesita ante la emergencia!

Por supuesto, la solución de fondo requiere también vacunar ya masivamente a todas y todos, empezando por los trabajadores esenciales y las personas de riesgo. Para hacerlo, una medida elemental es que las 24 millones de dosis de vacunas por mes que se están produciendo en Garín queden y se utilicen en nuestro país. Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad hemos presentado un proyecto de ley exigiendo la incautación de las mismas y la intervención de la empresa, juntando miles de firmas que entregaremos el próximo jueves movilizándonos al ministerio de Salud junto con personalidades y dirigentes políticos y sindicales.

La segunda ola del coronavirus ha llegado a nuestro país. Es el momento de las grandes definiciones. Este programa de emergencia  que estamos planteando desde la izquierda es más necesario que nunca. Luchemos para imponerlo.