Escribe Mariano Barba

Los autoconvocados de salud pública están transitando la octava semana de conflicto, superando ya los veinte días de cortes en las rutas de la provincia. Últimamente hubo muchas novedades respecto de los días anteriores (ver ES 497), ya que el gobierno, junto a la burocracia sindical de ATE encabezada por Carlos Quintriqueo, se jugaron a terminar con semejante huelga.

El jueves 22 se realizaron marchas multitudinarias en todas las ciudades de la provincia en solidaridad con los trabajadores de la salud. Ante la fortaleza y masividad del apoyo popular y apremiado por los más de quince cortes que paralizan en un alto porcentaje la actividad petrolera y la exigencia de las multinacionales y los medios de comunicación nacionales, el gobernador Omar Gutiérrez (MPN) planificó una acción en pinza con la burocracia organizando un adelantamiento de la paritaria para fijar nuevas pautas salariales, dejando afuera de la citación a los autoconvocados. O sea, el gobierno busca responder a los autoconvocados dejando afuera de la negociación a los principales protagonistas de una lucha que nació justamente en rechazo al acuerdo del 12% de ajuste salarial firmado el 26 de febrero por el mismo Quintriqueo y el gobierno. Es decir, se vieron obligados a negociar el reclamo de los autoconvocados sin ellos porque son considerados ilegales y “no institucionales”.

Así, se les ofreció una recomposición salarial al básico de 53% a liquidar desde marzo de este año a marzo de 2022 en muy cómodas cuotas. El gobierno aflojó su primera propuesta que no estaba en sus planes. El burócrata Quintriqueo el sábado salió “encantado” de la reunión y declaró que la iba a aceptar. Pero a las dos horas, cuando se conoció el rechazo de los piquetes porque no aceptaban un plazo tan extendido, el mismo burócrata pidió una nueva reunión al gobierno para solicitar que se acorten los plazos. El gobierno se la concedió inmediatamente, cerrando el 53% a diciembre. Por su lado, en asamblea de la interhospitalaria realizada en el piquete de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta, y luego de consultar a todos los hospitales de la provincia, los trabajadores resolvieron aceptar el 53% pero exigen que sea pagado en el primer semestre del año. Es que el último aumento recibido había sido en diciembre de 2019, por eso exigen 40% de recuperación correspondiente a 2020 y luego la recomposición para 2021.  Por su lado, la burocracia de ATE aceptó el acuerdo y firmó, una vez más, sin consultar a los trabajadores de la salud.

Días de definiciones

El gobierno de la provincia contó con apoyos muy importantes para mantener su dureza, como lo son  el apoyo tácito del gobierno nacional del Frente de Todos, socios en la aplicación del plan de ajuste, y el apoyo vergonzoso y traidor de la CGT que emitió un comunicado público contra los auto convocados y amenazando con movilizar contra los piquetes como lo declaró Guillermo Pereyra, secretario de los petroleros. Todos fueron desbordados por la lucha obligando a una oferta del 53 % al gobierno.

La lucha continúa con paros en los hospitales y con los cortes en la ruta del petróleo y en otras utilizadas para transportar productos hacia Chile por los pasos fronterizos. Por eso no está resuelto el conflicto más allá de lo que la burocracia firmó. Mientras tanto, temerosos por sus superganancias, la presión de los empresarios sobre el gobierno para que “resuelva” el conflicto es pública y muy fuerte. Se dejaron de producir millones de metros cúbicos de gas, otros tantos barriles de petróleo, se paralizó el avance del fracking y cuarenta y cinco pozos están en stand by. Hay algunos equipos funcionando porque las empresas transportan cuadrillas de trabajadores en helicóptero.

Estamos en los días decisivos. Continúa el apoyo popular porque todos consideran que es justo el reclamo de los trabajadores de la salud, primera y sacrificada línea en pandemia. Por eso, para ayudar a que triunfen, es central fortalecer los piquetes con presencia diaria de compañeros y la continuidad de las medidas en los hospitales.

Hay que seguir aportando al fondo de huelga como venimos haciendo desde la izquierda, los movimientos sociales, el sindicalismo combativo y desde cada lugar de trabajo. Realizando colectas para que no los quiebren con los descuentos que aplicó el gobierno.

La exigencia de un paro general provincial en apoyo a la salud es parte de nuestra política hacia los gremios de la CTA de los Trabajadores.