Escribe José Castillo

El gobierno cerró por treinta días las exportaciones de carne con el objetivo de bajar los precios en el mercado local. Las patronales del campo y de los monopolios frigoríficos respondieron con un lockout, suspendiendo la venta.

Los precios están por las nubes, entre ellos, sin duda, los de los cortes populares. Por eso crece la bronca al ver que los salarios y las jubilaciones ya no alcanzan para nada.

El gobierno de Alberto Fernández viene probando diversos globos de ensayo para tratar de maquillar las subas astronómicas de la carne. Hace un par de meses  inventó un acuerdo con las cadenas de supermercados para ofrecer cortes populares a bajos precios. Fue una burla, los consumidores llenaron las redes sociales de fotos que mostraban las bandejitas con pedazos de grasa que se ofrecían como asado.

Hace dos semanas se anunció el programa de “precios populares”. Los grandes frigoríficos se comprometían a aportar 6.000 toneladas de carne, para once cortes, con el asado a 399 pesos y el vacío a 420.

Pero los precios siguieron subiendo astronómicamente. Esto llevó a que el gobierno anunciara el cierre de exportaciones de carne por treinta días. Al gobierno la inflación se le ha ido totalmente de las manos e intenta desesperadamente frenarla sin tocar los intereses de los sectores concentrados.

Una cadena monopólica corrupta

El precio al que llegan el asado, la carne picada y los otros cortes populares a la góndola contiene en su interior todos los abusos y maniobras de una cadena de empresarios abusivos y corruptos.

Comencemos por los productores del campo, expresados en la Mesa de Enlace y, en particular, por Confederaciones Rurales Argentinas, la principal motorizadora del lockout. Ellos son los grandes responsables de que en nuestro país hoy haya menos vacas que hace treinta años. Nombres tradicionales como Duhau, Larreta-Anchorena, Leloir, De Apellaniz, Gómez Álzaga, Blaquier, Bunge y Born, Perez Companc, Bemberg y Werthein están entre los 1.250 hacendados que concentran 40% del total del stock ganadero.

Luego, hay otro agujero negro, el Mercado de Liniers, que concentra casi 20% del total del ganado a faenar. Ahí se ponen de acuerdo los consignatarios –muchos de ellos también propietarios de ganado– con los frigoríficos, reteniendo o ingresando animales en Liniers para especular con su precio.

Después están los grandes frigoríficos. Son pocos, varios extranjeros (la mayoría hoy de propiedad brasileña), como Margrif o Swift, pero con presencia de patronales locales famosas por los abusos contra sus trabajadores, tal el caso de Beltrán, Coto, Gorina, Mattievich, Penta y Rioplatense. Los más importantes están agrupados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). Y, por último, las cadenas de supermercados. Obviamente, hay empresarios como Coto que tienen campos con animales, frigoríficos y supermercados aprovechándose de las ganancias que les dejan todos los eslabones de esta cadena.

A esto tenemos que sumarle que, en los últimos dos años, creció exponencialmente la exportación, en particular con destino a China. Esto aportó también a la suba de los precios, ya que cada vez más toneladas tienen ese destino, en vez del mercado interno. De hecho, en 2020 se exportaron 900.000 toneladas, 80% a China, por 3.000 millones de dólares.

Pero esto no es todo. Se han descubierto maniobras de  todo tipo. Los exportadores crean empresas fantasmas con domicilio en Uruguay. Venden, subfacturando, a esas empresas, a 3.300 dólares la tonelada, para que sean las que exporten a China, al valor real de 4.400 dólares la tonelada. De esta forma se estafa por dos vías, se fugan los dólares de la diferencia y a la vez se dejan de pagar los impuestos correspondientes.

¿Cuál es la salida?

El gobierno de Alberto Fernández actúa con los monopolios de la carne de la misma forma con que lo viene haciendo con el resto del sector agroexportador, amaga para negociar. El cierre de las exportaciones de carne tiene como único objetivo que las empresas del sector aumenten de 6.000 a 13.000 las toneladas de carne destinadas a ser vendidas a “precios populares”.

Sea cual fuere la resolución particular de este conflicto, nada se solucionará de fondo. Seguirán los abusos y la carne continuará siendo un producto de lujo. 

La salida pasa por la colocación de precios máximos a los frigoríficos y los minoristas para todos los cortes (incluyendo los que se destinan a la exportación) y la eliminación del IVA, junto con un real control, con aplicación de la Ley de Abastecimiento a quien viole los precios máximos. A esto se le debe sumar la reestatización del Mercado de Liniers y la eliminación del sistema de los consignatarios, siendo el Estado quien fije el precio del kilo vivo y sea el intermediario entre productores y consumidores.

Es fundamental además la nacionalización del comercio exterior, para que solo se autorice la exportación una vez cubierto el consumo interno, y que las divisas obtenidas retornen para atender las necesidades populares. Y, para resolver estructuralmente el tema, a todo ello le debemos sumar una reforma agraria, con expropiación a los grandes terratenientes y una planificación racional y democrática de nuestro stock ganadero.