Escribe Martín Fú

La Unión Argentina de Salud, la cámara que nuclea a las empresas privadas de medicina prepaga, nuevamente pidió actualizar el valor de las cuotas. Así lo ha difundido en los medios Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, quien hizo una presentación judicial exigiendo a la Superintendencia de Seguros de Salud que les permita aumentar las cuotas a un universo de seis millones de personas, en su mayoría asalariados formales, 13,6% del total de la población.

Según datos del Ministerio de Salud, existen alrededor de setecientas prepagas y mutuales, siendo las principales OSDE, Swiss Medical Group, Galeno, Omint y Medicus. Se ocupan de financiar los servicios que prestan clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico privado. Es este último sector el que viene negándose reiteradamente a negociar paritarias para sus trabajadores, sobreexplotados y con sueldos miserables. Recordemos que fue beneficiado por el gobierno de Alberto Fernández con la disminución de las contribuciones patronales y el programa de subsidios Repro II, por el cual el Estado paga parte de los salarios cubriendo un monto mayor por trabajador que en el resto de las actividades.

Envalentonados, quizás porque el gobierno les facilitó  camas públicas ante la saturación del sistema de terapia intensiva de la medicina prepaga, exigen también la creación de un fondo estatal para cubrir los costos de los llamados “tratamientos catastróficos de alto costo y baja frecuencia”.

La sed de ganancias de la medicina privada no reconoce límites. En 2020 redujeron hasta 90% las prestaciones a sus afiliados a pesar de haber recibido 100.000 millones de pesos en ayudas por parte del Estado mientras sus afiliados seguían pagando la cuota plena (Infobae, 2/1/2021).

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad somos claros, es necesario fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores de la salud. Para lograrlo, en lo inmediato, debe centralizarse todo el sistema bajo control estatal. No para que el Estado subsidie a la medicina privada, como pretenden Belocopitt y su cámara, sino para que brinde los beneficios que corresponden a sus afiliados.