Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

La semana pasada, miles de personas salieron a las calles en todas las ciudades de Guatemala exigiendo la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, y de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Estas grandes movilizaciones encabezadas por organizaciones indígenas, estudiantiles, de personal de salud y feministas tienen una relación directa con las protestas del año pasado, que llegaron a incendiar el Parlamento.  

La indignación popular estalló esta vez por la corrupción, pero expresó también los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, de los indígenas, de las mujeres ante la violencia impune, de los estudiantes y de la población pobre en general por la desatención del Estado ante el desastre de la pandemia del Covid-19.

Hubo una convocatoria para realizar un paro nacional el jueves 29 de julio que partió de diferentes organizaciones indígenas: los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán, la Alcaldía de Sololá, el Parlamento Xinca y los pueblos kaqchikel o chortí. Un representante del Parlamento Xinca remarcó que “como pueblo de Guatemala estamos indignados por la situación que estamos viviendo y ya no queremos seguir viviendo en un Estado opresor”.

Las movilizaciones tienen un antecedente reciente. En noviembre del año pasado, otra manifestación de masas prendió fuego el Parlamento después de que se aprobara el presupuesto nacional que congeló las partidas de salud (¡en plena pandemia!) y de educación. Se suprimió la ayuda social por la pandemia, pero se aumentaron las partidas para infraestructura en concesiones, a favor de grandes empresarios, en obras que además son hechas habitualmente con sobreprecios y donde circulan coimas para los funcionarios del gobierno.

El movimiento popular en Guatemala es parte de un proceso de rebeliones en Latinoamérica desde 2019, que tuvo su expresión más importante hace unas semanas en Colombia con la lucha del pueblo contra el gobierno de Duque. En los países latinoamericanos las mayorías populares son ajustadas por gobiernos patronales, cada vez más corruptos al servicio del imperialismo, que descargan la crisis sobre el pueblo trabajador.

A la protesta masiva en Guatemala se unieron miles de mujeres que vienen denunciando los feminicidios impunes y la violencia contra la mujer; trabajadores y trabajadoras de la salud que están en la primera línea de lucha contra la pandemia atropellados en sus derechos, sin medicamentos ni vacunas; estudiantes, y otros sectores populares.

El detonante de estas masivas protestas fue la destitución y huida del país, porque temía por su vida, del fiscal Juan Francisco Sandoval, que investigaba la corrupción en el Estado. Este fiscal tenía apoyo y financiamiento de los Estados Unidos, lo que muestra divisiones entre los capitalistas por el control del Estado y las obras públicas. Pero otras fueron las motivaciones populares.

El 14 de julio el gobierno decretó el “estado de prevención”, prohibió manifestaciones callejeras y huelgas y ordenó militarizar servicios públicos y universidades, con el pretexto del Covid-19, para impedir las movilizaciones en su contra. Pero no le dio resultado.

En un país de 16 millones de habitantes, donde unos 10 millones son pobres, diez familias controlan las grandes empresas mineras, agroindustriales, comerciales y de construcción y el presidente tiene un salario de 18.000 dólares (además de lo que recibe de coimas).

Para continuar la lucha contra el gobierno corrupto antipopular de Giammattei es fundamental la unidad de las organizaciones indígenas, campesinas, obreras, estudiantiles y feministas, en forma independiente de los distintos sectores empresariales y de derecha, para levantar un programa común para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.