Escribe Malena Lenta, candidata a legisladora CABA, por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El caso del cantante Chano Charpentier trajo a la luz viejos discursos represivos y el rostro oculto de la política de salud mental del gobierno de Kicillof. Necesitamos el efectivo cumplimiento de la Ley de Salud Mental.

Muchos son los problemas de las políticas de salud mental y adicciones que dejó al descubierto el caso del cantante Chano Charpentier desde que fue baleado por la policía bonaerense como respuesta a una descompensación de salud mental. En la Argentina, desde 2010 existe la ley nacional 26.657, de salud mental y adicciones, que fue conquistada tras décadas de lucha del movimiento de derechos humanos. Desde la posdictadura se pelea para que se considere como personas con derechos a quienes sufren padecimientos mentales o tienen consumos problemáticos. Y, fundamentalmente, para que el encierro y la internación involuntaria no sean el único recurso, sino el último.

Sin embargo, hasta hoy sigue vigente el estigma que ubica a las personas con padecimiento mental como peligrosas o delincuentes. Pero no se trata de una simple cuestión de miradas. Por un lado, tal como lo demostró el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, existe un sector de dirigentes que va desde el peronismo-kirchnerismo hasta Juntos por el Cambio, que cierra filas cuando se trata de reprimir y encerrar a las personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos. Son los mismos que avalan el “gatillo fácil” para los/as pibes/as de los sectores populares, más aún si se trata de consumidores de drogas ilegales como el paco, esas mismas que la maldita policía se encarga de comerciar. También son los que justificaron la represión de pacientes y trabajadores/as del hospital de Salud Mental “José T. Borda”, de la CABA, en 2013 cuando el macrismo pretendía avanzar con un negocio inmobiliario.

Por otro lado, está el progresismo K con el paradigmático caso de la provincia de Buenos Aires, donde Berni reclama mejor armamento y Kicillof se jacta de estar implementando la ley 26.657, pero de manera bastante “limitada”. La Cicop viene denunciando que la política provincial de salud mental carece de capacitación para el personal de emergencia y las fuerzas de seguridad. Tampoco hay inversión en la creación de programas. En cambio, contratan a personal de salud para que cubra turnos rotativos en las guardias de los hospitales generales, totalmente colapsadas.

Mención aparte merece el subsistema privado de salud, al que el gobierno provincial no controla y que, como en el caso de Chano, que tiene la prepaga OSDE, solo aumenta las internaciones para facturar más. Nada más alejado de una atención digna y de respeto a los derechos humanos.

Qué políticas de salud mental necesitamos

Muchas veces, cuando las familias tienen un/a miembro/a con problemas de salud mental graves o consumos problemáticos de sustancias, reclaman en primer lugar la internación, aun a costa del encierro, el estigma y el castigo. Pero para que ese no sea el único recurso posible para atender las situaciones extremas y para que no haya más “Chanos” ni pibes/as baleados por consumos problemáticos, necesitamos el efectivo cumplimiento de la ley nacional de salud mental y adicciones. Hay que lograr un aumento de emergencia del presupuesto de salud mental sobre la base del no pago de la deuda externa para crear los dispositivos intermedios en la comunidad y sustitutivos de la internación. Y hay que hacerlo sin financiar los negocios de las empresas de la medicina privada y los laboratorios. Por eso también necesitamos un sistema único de salud, público y gratuito con participación de los/as trabajadores/as y usuarios/as en la toma de decisiones. Por esto venimos peleando y es lo que proponemos desde el FIT Unidad lista 1A.