Escribe Claudio Funes    

La crisis económica continúa golpeando a las familias trabajadoras.

La cadena de electrodomésticos Garbarino resolvió el cierre de todos sus locales comerciales y  envió 1800 telegramas de despido el pasado 12 de noviembre. Estos se suman a los 600 empleados que se desvincularon con retiros voluntarios y otros mil que se consideraron despedidos ante la falta de pago de sus salarios desde mayo pasado. Mientras la burocracia de Cavallieri no movió un dedo en defensa de los trabajadores.

El gobierno de Alberto Fernández respondió dictando la conciliación obligatoria por quince días hábiles, en el transcurso de los cuales la patronal no puede efectivizar los despidos ni el sindicato realizar medidas de fuerza. Una medida de puro carácter electoral dado que el mismo gobierno, a través del DNU 413/2021, publicado  en el Boletín Oficial, prorrogó la prohibición de despidos y suspensiones hasta el 31 de diciembre. Una muestra más del doble discurso del gobierno peronista, en este caso, por duplicado.

Pero esto no es todo. El pasado 14 de octubre Alberto Fernández había recibido una delegación de trabajadores de la empresa, que estaban realizando una protesta en Plaza de Mayo por el no pago de sus salarios. En esa reunión Fernández se comprometió a ayudar a los trabajadores y les pidió paciencia.

Los despidos de Garbarino van en línea con el pedido de los grandes empresarios como Bulgheroni, Eurnekián, Funes de Rioja y otros  que exigen el fin de la legislación anti-despidos y de doble indemnización.