Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En su cruzada en defensa de la explotación petrolera en el Mar Argentino, los funcionarios salieron a coro a tratar de convencernos de que el suyo es un “gobierno ambientalista”. ¿Esto tiene algo de cierto?

Además del raid mediático de funcionarios, el gobierno peronista aprovechó para el “greenwashing” (lavado de cara verde), la presentación de un “Clúster renovable nacional” de inversiones estatales y privadas para generar energías renovables. El propio escenario del discurso lo desnudaba por entero, ya que quienes acompañaban al presidente, Alberto Fernández, y al ministro de Producción, Matías Kulfas, eran todos gobernadores impulsores del fracking y la megaminería a cielo abierto: San Juan, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén, y Mendoza.

Lo único “renovable” es el discurso

Lo dicho allí por Kulfas mostró que su estrategia ahora es decir que ellos representaran una tercera opción entre el “dejar explotar a cómo dé lugar” y el “prohibicionismo” al que no le preocupa la pobreza del país (sic), y que ellos ejercerán en el medio un “ambientalismo responsable”.
Lo primero a decir es que es difícil visualizar dónde estarían los “frenos” de este gobierno (y el anterior macrista y todos) a la destrucción ambiental. Argentina encabeza récords de pérdida de bosques nativos, tenemos los porcentajes de glifosato en sangre de la población más altos del mundo, las megamineras derraman cianuro a los ríos y no pasa nada, empresas como Klaukol mataron más de cien vecinos y nunca el Estado midió los residuos que emiten sus chimeneas… La verdad es que si acá no se contamina “a cómo dé lugar”, se parece bastante a eso. En donde existen en nuestro país limitaciones a la contaminación del saqueo extractivista es pura y exclusivamente porque luchas populares así lo impusieron. Y lo que persigue desembozadamente el gobierno del Frente de Todos es levantar esas limitaciones.

El gobierno peronista presenta como un hito de su “ambientalismo responsable” el acuerdo por la producción de hidrógeno verde en Río Negro. Pero, acto seguido, el propio Kulfas celebró en sus intervenciones radiales que ese hidrógeno ya está vendido a Inglaterra para el 2025. Tal como lo que se pretende con la explotación megaminera del litio, nuestro país se quedará con los pasivos ambientales del desarrollo de estas tecnologías para que luego los países centrales puedan “transicionar” a una economía menos dependiente del petróleo.

No hay transición energética sin reestatización de los recursos energéticos

El gobierno hace un mal uso de reportes científicos para señalar que como en 2050 recién el mundo tendría planificado culminar su proceso de descarbonización, hasta entonces sería “sostenible” hacer crecer exponencialmente la explotación de combustibles fósiles. Lo primero a decir es que esos pronósticos no está nada claro que vayan a cumplirse, justamente porque los gobiernos capitalistas y las multinacionales, siguen dándole manija a la exploración en busca de energías fósiles de formas cada vez más rebuscadas y dañinas para el ambiente (como las explotaciones offshore y el fracking).

Lo segundo, es que lo que los científicos casi unánimemente recomiendan es poner un freno a estas nuevas exploraciones, en particular a sus formas extremas, como las que implican las plataformas que van de 1.800 a 3.000 metros de profundidad habilitadas por el ministro Cabandié en el Mar Argentino. Las multinacionales del petróleo, privadas y estatales (como Equinor de Noruega) ya tienen declaradas reservas que de utilizarse en su totalidad más que quintuplicarían las emisiones de gases de efecto invernadero límite que tiene la humanidad, si no se quiere atravesar el umbral de un aumento de 1.5° de la temperatura global.

El “ambientalismo” del gobierno de Fernandez es seguir haciendo negocios, como si nada pasara con las multinacionales que con su lucro están incendiando el planeta.  Lo que por el contrario necesitamos es pelear por reestatizar bajo control de sus trabajadores la industria energética, el gas y el petróleo, y de la mano de dejar de pagar la deuda externa, contar con los recursos para discutir democráticamente una transición energética y productiva, que no es para comenzar dentro de treinta años sino lo antes posible, si queremos frenar la catástrofe que nos amenaza.