Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys
El gobierno de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña anunció en octubre del año pasado el adelantamiento del inicio del ciclo lectivo para el 21 de febrero. Esta decisión, tomada en una situación sanitaria completamente diferente a la actual, no obedecía a ninguna preocupación o criterio pedagógico sino a una nueva medida de propaganda en el marco de la disputa con el peronismo kirchnerista para ver quién está en mejores condiciones de profundizar el ajuste que venimos viviendo los trabajadores.
Hoy con más de cien mil infectados diarios de Covid-19 el anuncio mediático se sostiene sin ninguna definición en relación a las medidas de protección sanitaria lo que se transforma en un riesgo para estudiantes, trabajadores y familias. Tampoco se garantiza la tarea pedagógica y mucho menos su regularidad en las escuelas de la Ciudad donde probablemente suceda lo mismo que en otros lugares de trabajo que se ven afectados por una cantidad de contagios tal que paraliza la actividad o la reduce drásticamente.
Nuevamente, las organizaciones sindicales no han sido convocadas para discutir las condiciones necesarias para la apertura del ciclo lectivo en el marco de la pandemia. No se conocen los nuevos protocolos ajustados a la actual situación sanitaria. Nada se dice de cómo garantizar la vacunación de los estudiantes de manera masiva, de garantizar que todos los docentes y auxiliares reciban la dosis de refuerzo, de testeos masivos regulares en las escuelas ni de cómo se van a garantizar los reemplazos de aquellos docentes que deban ausentarse por contagio. Sabemos que la regularidad de las clases es prácticamente imposible, ya que con la cantidad de casos diarios no todos ingresarán el primer día ni todos podrán mantener la presencia regular en este marco. Toda esta falta de previsión demuestra el total desinterés por garantizar las condiciones para el desarrollo de la tarea educativa en las escuelas públicas. El gobierno tiene otros objetivos.
Una cuestión que Soledad Acuña había manifestado como prioritaria en 2020 como un elemento de campaña electoral, fue la recuperación de aquellos estudiantes que habían abandonado la escuela. No presentaron ni implementaron ninguna política seria para lograr la vuelta de los pibes como ser partidas presupuestarias especiales para ampliar la cantidad de profesionales en los equipos de orientación escolar, implementar parejas pedagógicas para realizar un acompañamiento serio a las disparidades producidas por la virtualidad o la presencialidad parcial, entrega de materiales a docentes y estudiantes, entre otras cosas. Este vacío lo intentan tapar atacando a los estudiantes, vinculándolos al narcotráfico fundamentalmente. Nada dice de los verdaderos problemas que aquejan a los chicos de los barrios populares, como la necesidad de salir a trabajar en la más absoluta precariedad para colaborar con la subsistencia familiar, el cuidado de hermanos menores que muchas veces impiden la posibilidad de ir a la escuela, el embarazo adolescente entre otras problemáticas que desnudan la tremenda crisis social que es a todas luces previa a la pandemia pero que sin dudas se ha profundizado. La recuperación y retención de la matrícula fue en todo caso fruto del trabajo consecuente de miles de maestras que sí se ocuparon de la escolarización de los alumnos.
La realidad que vivimos en las escuelas es otra. La ministra propone la explotación laboral sin paga para más de 30 mil alumnos de los últimos años de la secundaria para el 2022, como parte del ajuste y vaciamiento educativo. No está previsto resolver un problema estructural como es la falta de vacantes, ni el hacinamiento en escuelas sin condiciones edilicias antes y durante la pandemia. No incrementó el presupuesto para infraestructura, equipos y conectividad para los pibes. El tema salarial tampoco estará resuelto profundizando la caída de nuestros ingresos tal como exige el FMI y que tanto Fernández como Larreta están dispuestos a cumplir.
En breve estaremos en las escuelas y Ademys alentará las asambleas escolares y convocará a asambleas abiertas unificadas para organizar la respuesta de los trabajadores para garantizar las condiciones sanitarias, educativas y salariales enfrentando nuevamente las medidas de ajuste que nos quieren seguir imponiendo.