Finalmente, el pasado viernes 25 de marzo el directorio del FMI aprobó el acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández. Paradójicamente, mientras decenas de miles llenábamos todas las plazas del país repudiando el golpe genocida, se aprobaba en Washington el pacto número 22 entre el Fondo y nuestro país. Ya en los capítulos previos de la negociación se había ido corriendo el velo del doble discurso del gobierno. Lejos, lejísimos quedó la famosa argumentación de que el FMI nos iba a aceptar un acuerdo “progresista”, y con “redistribución de la riqueza”. El acuerdo no será “a veinte años”, ni con “reducción de tasas de interés”, como se nos decía. Terminó siendo un estricto programa del Fondo: a diez años, con una montaña de vencimientos que, sumados a los que hay que pagar a los acreedores privados, llega a la imposible cifra de 210.464 millones de dólares de acá a 2034. No nos perdonaron ni un centavo de intereses.

A fines de enero, el propio ministro Martín Guzmán había explicado el ajuste que se nos exigiría con el acuerdo: bajar velozmente el déficit fiscal (léase, el gasto público), empezando este año, hasta llevarlo a cero a comienzos de 2025. A tarifazo limpio, y con jubilaciones, salarios y partidas sociales que se licuan (bajando en términos reales) producto de subir menos que la inflación. A mediados de febrero se “filtró” lo que ahora el Fondo confirma y el gobierno se la pasó negando: habrá reformas estructurales, principalmente jubilatoria, pero también algún tipo de flexibilización laboral.

El directorio del FMI (integrado por el voto decisivo de todos los países imperialistas) se dio el gusto de decir que aprobaba el acuerdo, pero que este contaba con “riesgos excepcionalmente altos”. En otras palabras, se lava las manos por si todo termina en una nueva crisis, señalando increíblemente que esto es lo más probable. En el comunicado que acompañó la aprobación se afirma textualmente que “en este contexto el recalibramiento temprano del programa, incluída la identificación y adopción de medidas apropiadas, según sea necesario, será fundamental para lograr los objetivos del programa”. ¡El programa no empezó y ya se habla de cambiar los números del ajuste exigido! Es que el propio FMI nota que, con la crisis mundial generada por la invasión de Rusia a Ucrania y la consiguiente suba de los precios de los combustibles, el tarifazo programado no alcanza, no ya para bajar los subsidios (una de las exigencias del Fondo) sino ni siquiera para evitar que no suban. ¿Cómo se resuelve esto? Muy simple: el FMI adelantó su primera visita de inspección al próximo mes de mayo, apenas en dos meses. Serán once en vez de las diez programadas para los próximos dos años y medio. Queda clara la “marca personal” que los funcionarios del FMI piensan llevar adelante para exigir que se cumplan todas y cada una de sus exigencias. Prácticamente los tendremos instalados permanentemente diciendo qué se puede y, fundamentalmente, qué no se puede hacer con nuestra economía.

Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández y su sector del peronismo se despachó con una nueva jugada. No llama la atención: es parte del reacomodamiento dentro de la interna peronista del kirchnerismo que busca no quedar pegado al mayor ajuste que se viene, pero a la vez sin sacar los piés del plato del gobierno. Ahora Cristina, a través de un proyecto presentado por los senadores que le responden dentro de su bloque, propone cobrarle un impuesto (de un 20%) a aquellos que fugaron capitales en los últimos años, para, con ese dinero, pagarle al FMI. Digámoslo con todas las letras: es una maniobra para quedar bien con su base, que no tiene la más mínima posibilidad de ser implementada. ¡Hasta le pidió ayuda al embajador de Estados Unidos para que se pueda “identificar” a quiénes deben pagarlo! Sabiendo que justamente el imperialismo yanqui es uno de los principales países que se negó sistemáticamente a firmar los acuerdos de cooperación de información tributaria (que permite que, en nuestro caso, la AFIP solicite datos a entidades similares de otros países). El proyecto presentado por el kirchnerismo, ni siquiera establece que, una vez identificada la persona o empresa que fugó sus capitales, se les pueda cobrar el impuesto embargando sus bienes locales. Se acude siempre a la “buena voluntad” de los otros gobiernos, y hasta… ¡del propio FMI!, como explicó la senadora Juliana Di Tulio en C5N al señalar que “el propio Fondo será el principal interesado en cobrar y va a ayudarnos a recaudar”.

Pero vamos a suponer por un instante que este proyecto sea algo más que fuegos de artificio y efectivamente llegara a aprobarse. La idea es que el dinero recaudado se destine, no a resolver las más urgentes necesidades populares, sino a pagar deuda. O sea, al barril sin fondo de una deuda que seguirá creciendo, porque no existe ninguna posibilidad que se recaude ni de lejos la suma de vencimientos de los próximos años.

La única realidad es que el gobierno peronista del Frente de Todos se apresta a cumplir con el ajuste exigido por el FMI, y este a inspeccionar que esto se realice “en tiempo y forma”. Cristina y el kirchnerismo juegan a su propia interna, buscando no quedar pegados al ajuste, mientras no piensan mover un dedo para salir a pelear por las consecuencias concretas que este va a generar, en términos de peleas salariales, ante el congelamiento de los planes sociales o las reducciones hasta niveles de indigencia de las jubilaciones. Es que se trata del mismo kirchnerismo que votó la reforma jubilatoria de fines de 2019, o, en boca de la propia Cristina, avaló todos y cada uno de los pagos al Fondo de estos años.

Frente a esta realidad, el FIT Unidad se reafirma como el sector que, desde el primer día, dijo que había que dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, que presentó un proyecto en el Congreso al respecto, que se movilizó no una, sino cuatro veces, coordinado un movimiento amplio y multitudinario contra el pacto con el Fondo. Y que, como estuvo siempre, va a estar en todas las luchas que se den de ahora en adelante, cuando el gobierno pretenda llevar a cabo el ajuste exigido por el Fondo.